El Gobierno de EEUU afirmó en un documento oficial que quedará "para siempre impedido y excluido" de presentar ciertos reclamos fiscales contra Donald Trump, sus empresas y miembros de su familia. La cláusula, firmada por el fiscal general interino Todd Blanche y publicada por el Departamento de Justicia, amplía un acuerdo anunciado un día antes y apunta sobre las declaraciones impositivas ya presentadas por el presidente y su entramado de negocios.

La adenda extendió el alcance del pacto que el Gobierno había difundido el lunes, cuando aceptó crear un fondo de casi USD 1.800 millones para compensar a personas que denuncien haber sido víctimas de la llamada "instrumentalización" del Estado. Ese mecanismo podría derivar en pagos a aliados de Trump, aunque Blanche dijo ante senadores que el presidente no recibiría dinero del fondo.

El beneficio para Trump no aparece como un pago directo, sino como un blindaje fiscal. A cambio, el presidente retiró una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones tributarias a manos de un contratista de la agencia y cerró reclamos administrativos vinculados con otras investigaciones.

Un documento firmado por Blanche

La cláusula agregada el martes tiene una página y fue publicada en el sitio del Departamento de Justicia. Allí, el Gobierno acepta que el IRS no avance con "exámenes" sobre Trump, "individuos relacionados o afiliados", fideicomisos y empresas vinculadas. La renuncia alcanza a "declaraciones impositivas presentadas antes de la fecha efectiva" del acuerdo, que fue el lunes.

El texto no llevó la firma de representantes del IRS ni de abogados actuales de Trump. A diferencia de la adenda, el acuerdo original había sido firmado por un abogado del presidente, por el fiscal general asociado Stanley Woodward y por Frank Bisignano, director ejecutivo del IRS. Blanche fue el único firmante del agregado difundido el martes.

El Departamento de Justicia defendió la medida con un argumento formal: sostuvo que, como ocurre en los acuerdos transaccionales, ambas partes renunciaron a una variedad de reclamos existentes o posibles. También aclaró que la cláusula se limita a auditorías existentes y no alcanza a futuras presentaciones.

La explicación no despejó las críticas. El punto sensible está en la naturaleza del pacto: Trump, como contribuyente, acordó con el Gobierno que él mismo encabeza una renuncia estatal sobre eventuales reclamos fiscales contra su persona, su familia y sus empresas.

El IRS, una frontera política bajo tensión

El IRS forma parte del Poder Ejecutivo, pero históricamente intentó mantener sus tareas de control lejos de la interferencia política. Esa frontera ya había generado controversias durante las presidencias de Richard Nixon y Barack Obama, cuando incluso la apariencia de una presión sobre el organismo abrió disputas institucionales.

El caso Trump corre esa línea hasta un lugar inédito. Un funcionario designado por el propio presidente aceptó retirar de la fiscalización tributaria a Trump, a sus negocios, a su familia y a una categoría más amplia de personas o estructuras "relacionadas o afiliadas", sin una definición precisa en el documento.

Danny Werfel, comisionado del IRS durante la presidencia de Joe Biden, cuestionó el alcance de la medida. "No tengo conocimiento de un solo precedente en el que el IRS haya aceptado por adelantado renunciar de manera permanente a examinar declaraciones impositivas ya presentadas por una persona o una empresa específica", dijo. Y agregó: "La gente espera que las mismas reglas fiscales y el mismo esquema de control se apliquen a todos".

John Koskinen, excomisionado del IRS, sostuvo en una declaración enviada por email a Politico que la ampliación del acuerdo sentó un "precedente terrible" y podía generar una ventaja económica para Trump.

El fondo y la acusación demócrata

La ampliación del acuerdo se conoció después de que el Gobierno aceptara crear un fondo de casi USD 1.800 millones para quienes aleguen haber sufrido una persecución estatal. La administración Trump lo presentó como una vía de reparación por la "instrumentalización" de las agencias federales.

Richard Neal, el principal demócrata del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, fue uno de los críticos más duros. "Mientras los abogados personales del presidente y el Departamento de Justicia operan como uno solo, el plan de Trump queda a la vista: meterte la mano en el bolsillo para su propio beneficio mientras usa todo el Gobierno como su ejército personal", dijo. Y cerró: "Es un día muy, muy oscuro para nuestra democracia".

Woodward defendió el acuerdo y la creación del fondo durante una conferencia de prensa por otro tema. "Ya tengo autoridad para resolver cualquier reclamo presentado contra EEUU", sostuvo. También dijo que era prematuro calificarlo como un "fondo discrecional" o criticar su diseño. Al retirarse, no respondió una pregunta sobre la adenda que cerró las auditorías pendientes del presidente y sus compañías.

Años de declaraciones bajo revisión

Trump se quejó durante años de las auditorías del IRS. Desde que empezó a competir por la Presidencia, en 2015, denunció que la agencia lo perseguía. En una oportunidad, sostuvo que el organismo actuaba contra él porque era cristiano.

A fines de 2022, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, entonces bajo control demócrata, difundió detalles sobre las auditorías al presidente y las describió como poco robustas y deferentes. Un informe no partidario señaló posibles áreas de revisión, entre ellas las pérdidas declaradas por Trump y sus gastos empresariales.

Al 15 de diciembre de 2022, el IRS todavía no había terminado de auditar los años fiscales 2015 a 2019. No se conoce públicamente el estado actual de esas revisiones ni qué ocurrió con ejercicios posteriores. Las auditorías sobre contribuyentes de alto patrimonio pueden permanecer abiertas durante años, sobre todo cuando hay discusiones que atraviesan varias declaraciones.

Los registros fiscales son confidenciales. Por eso, no se sabe si el IRS intentaba cobrarle dinero a Trump, a sus hijos o a sus empresas.

Una zona legal sin respuesta clara

El código tributario de EEUU prohíbe al presidente y a los jefes de agencias del Poder Ejecutivo -con excepción del fiscal general- ordenar auditorías o disponer su finalización. La violación de esa norma constituye un delito castigado con prisión. No está claro si esa prohibición alcanza, y de qué manera, a la adenda firmada por Blanche.

Tampoco está definido quién podría tener legitimación para impugnar el acuerdo ante la Justicia. El Congreso podría intervenir, pero una medida de ese tipo requeriría votos republicanos contra la posición de Trump.

En términos generales, el IRS tiene tres años desde la presentación de una declaración para auditarla. Las declaraciones cubiertas por la fórmula del Departamento de Justicia, por lo tanto, ya podrían estar fuera de ese plazo cuando termine el mandato presidencial.

La agencia mantiene además una política de auditoría automática anual para presidentes y vicepresidentes. Esa práctica, en principio, podría seguir cuando Trump presente su próxima declaración. Las personas con estructuras financieras complejas suelen declarar en octubre.

Filtraciones, pérdidas y pagos mínimos

A diferencia de sus antecesores, Trump no difundió voluntariamente sus declaraciones impositivas. Parte de su información fiscal se hizo pública por filtraciones, incluido el caso penal contra el excontratista del IRS Charles Littlejohn.

El Comité de Medios y Arbitrios también publicó en 2022 seis años de declaraciones de Trump, mediante un procedimiento previsto en el código tributario. Esos documentos, correspondientes al período 2015-2020, mostraron que Trump y su esposa, Melania, declararon pérdidas sustanciales en cuatro años y pagaron en total USD 1,8 millones de impuesto federal a las ganancias durante ese tramo. En tres de esos años, abonaron USD 750 o menos.

Representantes de la Organización Trump, del Departamento del Tesoro y del IRS no respondieron pedidos de comentarios realizado por los medios locales. En el documento oficial, sin embargo, el Gobierno dejó asentada la fórmula central del acuerdo: EEUU quedará "para siempre impedido y excluido" de avanzar sobre ciertos reclamos fiscales contra el presidente, su familia y sus empresas.