El Ejecutivo promulgó la ley que flexibiliza la actividad minera en zonas glaciares
La Ley 27.804 transfiere a las provincias la potestad de definir qué zonas se protegen. Ambientalistas preparan una demanda de inconstitucionalidad
El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley de Glaciares N° 27.804 mediante el Decreto 271/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma transfiere a cada provincia la potestad de definir qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares merecen protección, en reemplazo del régimen centralizado que rigió desde 2010.
La sanción parlamentaria llegó el 8 de abril, cuando la Cámara de Diputados aprobó la reforma por 137 votos a favor y 111 en contra. El oficialismo logró el quórum, frente a organizaciones civiles que intentaron truncar el proyecto hasta último momento.
El cambio central de la norma radica en la fragmentación de criterios técnicos: cada gobernador tiene la posibilidad de fijar los parámetros para determinar qué áreas integran el Inventario Nacional de Glaciares.
Los cuerpos de hielo que no cumplan los nuevos estándares locales pierden su estatus de protección especial y quedan habilitados para la actividad económica, incluida la minería.
Para el movimiento ambientalista, la promulgación de la nueva Ley de Glaciares representa un retroceso sin antecedentes en la legislación ambiental argentina.
Militantes ambientalistas saltaron la reja del Congreso y protestaron en contra de la Ley de Glaciares el día en que iba a ser debatida.
El argumento central es que los glaciares alimentan cuencas interprovinciales: su gestión aislada por un solo distrito pondría en riesgo un bien común que excede cualquier jurisdicción.
Diversas organizaciones sociales como Greenpeace convocaron a una demanda colectiva de inconstitucionalidad. El frente judicial busca demostrar que la norma viola el principio de no regresión ambiental, uno de los pilares del derecho ambiental constitucional.