El embargo de Estados Unidos (EE.UU.) a Cuba, tal como lo conocemos hoy, ha sido una construcción legal de más de 60 años que comenzó como una herramienta de presión diplomática en el apogeo de la Guerra Fría. El presidente John F. Kennedy firmó la Proclama Presidencial 3447 el 3 de febrero de 1962. Claramente fue una orden ejecutiva que estableció un embargo sobre todo el comercio entre los EE.UU. y Cuba. El Congreso de EE. UU. había aprobado la Ley de Ayuda Exterior de 1961 (Foreign Assistance Act). En su sección 620(a), el Congreso le otorgó al presidente la autoridad legal para establecer un embargo sobre el comercio con Cuba. Sin embargo, era estrictamente una medida del Poder Ejecutivo, esto significaba que cualquier presidente podía levantarlo con la misma facilidad con la que se firma un decreto.

Después de 30 años de dicha medida del Poder Ejecutivo, el 23 de octubre de 1992, bajo la presidencia de George H. W. Bush, se firmó la Ley Torricelli, cuyo nombre oficial es Ley para la Democracia en Cuba de 1992 (Cuban Democracy Act), una ley que marcó un endurecimiento significativo del embargo tras la caída de la Unión Soviética. El objetivo declarado de la ley era forzar una transición democrática en Cuba mediante la presión económica, basándose en la idea de que el gobierno cubano era más vulnerable tras perder el subsidio soviético. Sus puntos principales son: por un lado la extraterritorialidad, es decir que prohibió a las subsidiarias de empresas estadounidenses en terceros países comerciar con la isla. Por otro lado, se impuso la "regla de los 180 días", impidiendo que barcos que tocaran puertos cubanos atracaran en EE. UU. en medio año. La ley ya no solo afectaba a actores estadounidenses, sino que castigaba a terceros por interactuar con Cuba.

Pero hubo un evento que selló el destino del embargo, y fue el derribo en aguas internacionales de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate por parte de la Fuerza Aérea Cubana por orden de Raúl Castro en febrero de 1996 en el cual murieron cuatro jóvenes cubanoamericanos. Este crimen movilizó a la comunidad de cubanos en el exilio e incidió directamente en el gobierno norteamericano de Bill Clinton, quien firmó la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Helms-Burton). Esta ley, aunque lleva los nombres de los senadores Jesse Helms y Dan Burton, fue impulsada y redactada en su esencia por un bloque clave de legisladores cubanoamericanos en el Congreso. Estos tres congresistas formaron una tríada histórica: Ileana Ros-Lehtinen, la primera mujer hispana elegida al Congreso de los Estados Unidos; Robert "Bob" Menéndez, representante demócrata por Nueva Jersey, que representó el apoyo bipartidista a la ley; y Lincoln Díaz-Balart, el estratega intelectual detrás de la codificación del embargo. Esta cláusula convirtió las órdenes ejecutivas en leyes del Congreso. A partir de ese momento, ningún presidente podría levantar el embargo por decreto; sólo una ley del Congreso podría derogarlo, o en caso de suceder una transición democrática y tras cumplirse las condiciones políticas que la ley prevé como la liberación de presos políticos y la celebración elecciones libres y plurales. Tras el breve paréntesis de "deshielo" durante la era Obama, la administración de Donald Trump no solo reactivó el Título III de la ley Helms-Burton, sino que añadió capas de sanciones de carácter administrativo pero de gran impacto técnico.

Ante esta presión económica, el régimen castrista respondió con presión diplomática a través de sus 127 representaciones diplomáticas. A pesar de su crisis económica interna, Cuba suele ocupar puestos muy altos (generalmente entre los 25 primeros del mundo) en el Índice de Diplomacia Global, superando a países con economías mucho más grandes. Esto demuestra que el sistema prioriza la política exterior como una herramienta de supervivencia y legitimidad internacional. Desde el año 1992 hasta la fecha actual en 2026, la resolución que condena el embargo en la Asamblea General de Naciones Unidas ha sido aprobada en 32 ocasiones consecutivas, y con un un apoyo récord de unos 180 votos a favor de un total de 193 estados miembros. Sólo bajo la administración de Barack Obama, durante el proceso de "deshielo", EE.UU. e Israel se abstuvieron por primera vez en la historia, permitiendo que la resolución se aprobara sin votos en contra. La resolución se titula "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba" y ya desde su nombre tiene un error conceptual. Un embargo es una medida de presión económica que dificulta el comerciar, transportar o realizar transacciones financieras con otro país y un bloqueo es una acción militar y física impidiendo a la fuerza la entrada o salida de cualquier suministro. Además de otra falacia, pues denuncia que el embargo obstaculiza el acceso a medicamentos, tecnologías médicas y alimentos, afectando directamente los derechos humanos de la población civil cubana, cuando medicinas y alimentos están excluidos del embargo e irónicamente EE.UU. es el principal proveedor de alimentos a Cuba.

Además, de la ley del embargo, ya en la primera administración del gobierno de Trump ha tomado medidas ejecutivas como la designación de Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo en enero de 2021 y la aplicación de la Sección 7031(c) contra altos mandos militares, como Álvaro López Miera, y el mismo Presidente Miguel Díaz-Canel, han añadido una dimensión de cumplimiento insalvable para la banca internacional. Ya en su segundo mandato, en 2026, la preocupación ha virado hacia la seguridad nacional por la presencia de servicios de inteligencia china en la isla, y estrechos vínculos con otros estados patrocinadores del terrorismo, incluido el Gobierno de Irán, y por el hecho de proporcionar refugio seguro a grupos terroristas transnacionales, entre ellos Hezbolá. Esto ha justificado el uso de herramientas para restringir aún más el flujo de divisas, bajo el argumento de que el gobierno cubano facilita el espionaje de potencias extranjeras contra EE.UU.

La evolución legal del embargo muestra un desplazamiento del poder: de la Casa Blanca al Capitolio. Lo que Kennedy diseñó como una palanca para negociar en la Guerra Fría, las leyes de Bush y Clinton lo transformaron en un estatus legal permanente. Hoy, el embargo no es solo una política exterior para presionar el proceso de democratización, sino un marco legal que, si la familia Castro o sus sucesores deciden ceder, no se darán tanto los pasos que decida la Casa Blanca sino que la transición debe cumplir con los requisitos que el Congreso de EE. UU. plasmó en la ley. Esta asegura que no haya una "transición a la rusa" o "a la china", donde la élite militar se convierte en la élite económica manteniendo el control autoritario. Obliga a que la democracia sea liberal y pluripartidista.

La Ley Helms-Burton garantiza que cualquier paso que dé la cúpula cubana sea evaluado bajo una lupa de estándares democráticos occidentales. No permite una "cesión a medias". En el momento en que se den los primeros pasos hacia la transición, esta ley dejará de ser una herramienta de castigo para convertirse en el árbitro que validará si Cuba ha regresado realmente a la comunidad de naciones democráticas.

 * La autora es Presidente de Cultura Democrática y autora del libro "Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba"