El Gobierno nacional decidió apelar el fallo de la Cámara Nacional en lo Civil que respaldó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la disputa por su cambio de domicilio social a la provincia de Buenos Aires y dejó sin efecto la veeduría que había sido impulsada por el Ministerio de Justicia.

La resolución judicial representó un revés para la estrategia oficial de supervisión sobre la entidad que encabeza Claudio "Chiqui" Tapia. Desde la administración de Javier Milei sostienen que la Inspección General de Justicia (IGJ), actualmente bajo la conducción de Alejandro Ramírez, recurrirá la sentencia con el objetivo de que sea revisada por una instancia superior.

La controversia se originó a partir de una decisión adoptada por la Asamblea General de la AFA en octubre de 2024, cuando aprobó una modificación estatutaria para trasladar su domicilio social desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la localidad bonaerense de Pilar. Posteriormente, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia autorizó la inscripción del cambio de jurisdicción.

En el fallo, los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset concluyeron que, una vez concretado e inscripto el traslado, las facultades de control y fiscalización quedaron en manos del organismo bonaerense. Bajo ese criterio, entendieron que la IGJ ya no tenía competencia territorial para intervenir sobre la asociación.

La Cámara declaró la nulidad de las resoluciones emitidas por la IGJ y por el Ministerio de Justicia que habían rechazado el cambio de domicilio y dispuesto una veeduría informativa por un plazo de 180 días hábiles. Además, consideró cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público administrado por la IGJ.

Los magistrados también rechazaron los cuestionamientos planteados sobre la sede declarada por la entidad en Pilar. En ese sentido, señalaron que existe un contrato de comodato suscripto con el municipio local y sostuvieron que no se habían acreditado irregularidades que justificaran desconocer el domicilio informado.

Otro de los puntos centrales de la sentencia fue el cuestionamiento al accionar de la IGJ. Según la interpretación del tribunal, el organismo nacional no puede revisar ni dejar sin efecto decisiones adoptadas por una autoridad provincial competente, ya que los actos administrativos emitidos por esa jurisdicción conservan plena validez mientras no sean impugnados por las vías correspondientes.

El fallo, no obstante, aclaró que el traslado de jurisdicción no elimina las obligaciones de control sobre la AFA. La supervisión de sus balances, estados contables y demás documentación continuará bajo la órbita de las autoridades competentes de la provincia de Buenos Aires.

En la Casa Rosada consideran que la decisión judicial podría limitar las herramientas que el Estado nacional pretendía utilizar para revisar aspectos administrativos y contables de la entidad. Por eso avanzarán con una apelación para intentar revertir una resolución que, por el momento, fortalece la posición institucional de la conducción de Tapia en el conflicto con el Gobierno.