Por estas horas, la Casa Rosada afina el operativo de seguridad para la movilización convocada por la CGT, las dos CTA y organizaciones políticas y sociales frente al Congreso de la Nación, en rechazo a la reforma laboral que comenzará a debatirse en el Senado.

En el oficialismo aseguran que se aplicará sin excepciones el denominado "protocolo antipiquetes" y advierten que no se permitirán cortes de calles ni bloqueos del espacio público durante la jornada.

El operativo de seguridad frente al Congreso

El Poder Ejecutivo analiza en detalle quiénes convocan a la marcha, el número estimado de manifestantes y los puntos de concentración, con el objetivo de diagramar el despliegue de fuerzas.

El operativo estará coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Alejandra Monteoliva, y se conformará un comando unificado con participación de fuerzas federales. La Policía de la Ciudad acompañará el desplazamiento de las columnas, mientras que las fuerzas nacionales permanecerán apostadas en las inmediaciones del Congreso.

El Gobierno endurece el discurso contra los sindicatos

En paralelo al despliegue de seguridad, el Gobierno profundiza su confrontación política con la dirigencia sindical. 

En Casa Rosada sostienen que la movilización responde a la defensa de estructuras de poder y no a los intereses de los trabajadores, y remarcan que la reforma laboral busca atender problemas estructurales del mercado de trabajo.

La defensa de la reforma laboral

Desde el Ejecutivo defienden el proyecto bajo tratamiento al señalar que está orientado a los trabajadores informales, a las pymes y a los jóvenes que no logran insertarse en el mercado laboral.

Insisten en que hoy cerca del 50% de los trabajadores -alrededor de cinco millones de personas- se desempeñan en la informalidad, sin acceso a derechos básicos como aportes jubilatorios, obra social o cobertura laboral.

También subrayan que la Argentina mantiene prácticamente la misma cantidad de trabajadores registrados desde hace doce años, y que el país exhibe uno de los niveles más bajos de creación de empresas cada 100.000 habitantes en América Latina, además de figurar entre los tres países con mayor presión impositiva de la región.

"La modernización laboral no quita derechos"

"La modernización laboral no quita derechos, viene a resolver estos problemas estructurales", sostienen en el Ejecutivo, y cuestionan que la dirigencia sindical se oponga sin presentar propuestas alternativas.

"Si realmente defendieran a los trabajadores, deberían proponer soluciones frente a la informalidad", afirman desde el Gobierno, al tiempo que remarcan que las centrales sindicales rechazan la reforma pero no plantean alternativas concretas.