El Gobierno Nacional confirmó que 12 empresas quedaron habilitadas para participar en la licitación destinada a modernizar y operar más de 1.900 kilómetros de rutas nacionales, en el marco de la Etapa II A de la Red Federal de Concesiones. El esquema prevé inversión 100% privada sobre corredores considerados estratégicos.

La definición se conoció tras finalizar el período de impugnaciones, lo que permitió avanzar formalmente con esta instancia del proceso, bajo parámetros de evaluación técnica y financiera establecidos en los pliegos.

Avance de la nueva etapa de concesiones

La Etapa II A contempla la concesión de dos tramos diferenciados que suman más de 1.900 kilómetros. Por un lado, el corredor Sur Atlántico - Acceso Sur abarca 1.325,17 km e incluye rutas clave como la RN 3, RN 205, RN 226 y accesos como la Autopista Ricchieri y la Ezeiza-Cañuelas. Por otro, el tramo Pampa comprende 546,65 km sobre la RN 5.

En total, se presentaron 19 ofertas, de las cuales 12 fueron admitidas tras acreditar capacidad técnica y solvencia financiera, mientras que 7 fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos establecidos.

Evaluación técnica y exclusiones

En el tramo Sur Atlántico - Acceso Sur, se recibieron 10 ofertas, con 6 aprobadas y 4 rechazadas. Entre las empresas desestimadas se encuentra Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA).

La exclusión respondió a incumplimientos técnicos y económico-financieros considerados esenciales en el pliego, especialmente en relación con la capacidad de ejecución directa de las obras. El requisito apunta a garantizar que las empresas concesionarias cuenten con recursos propios, experiencia constructiva y estructura operativa suficiente, evitando esquemas de tercerización.

Además, los indicadores financieros presentados por la empresa superaron ampliamente los límites permitidos, con un nivel de endeudamiento de 3,75 frente al máximo exigido de 1,50, lo que evidenció una situación incompatible con las condiciones del proceso.

También se detectó falta de presentación del balance contable-financiero, junto con inconsistencias que no pudieron ser subsanadas durante la etapa de aclaraciones.

Criterios uniformes y control del proceso

Desde el Ejecutivo señalaron que los criterios de evaluación fueron aplicados de manera uniforme a todos los oferentes, sin distinción por tipo de empresa o jurisdicción. Otras compañías también fueron excluidas por razones similares, lo que refuerza el carácter técnico del proceso.

El procedimiento cuenta con la intervención de distintos organismos, entre ellos áreas del Ministerio de Economía, organismos de control y la comisión evaluadora, con el objetivo de garantizar transparencia, seguridad jurídica y objetividad en la adjudicación.

Condiciones del modelo de concesión

El esquema impulsado establece que las empresas adjudicatarias deberán financiar obras y mantenimiento con recursos propios. Esto incluye: ejecución de obras, mantenimiento y gestión de los corredores.

La Etapa II A forma parte de un plan más amplio que ya tuvo una primera fase adjudicada y que apunta a concesionar más de 9.000 kilómetros de la red vial nacional.

El Gobierno sostuvo que el proceso se enmarca en un modelo de infraestructura basado en reglas claras, competencia y responsabilidad técnica. ahora resta la etapa de evaluación económica/adjudicación.