El Gobierno nacional impulsa en el Senado un proyecto de ley para autorizar el pago de USD 171 millones a fondos buitres con sentencia en Estados Unidos, en el marco de un principio de acuerdo con los acreedores.

La iniciativa será tratada el próximo miércoles en un plenario de comisiones, con el objetivo de emitir dictamen y habilitar su debate en el recinto durante la primera semana de mayo, antes del plazo límite fijado.

Debate en el Senado y plazos

El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo y será analizado en conjunto por las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda.

Según el texto, los acuerdos establecen como fecha de cierre el 30 de abril de 2026, por lo que la falta de aprobación legislativa implicaría la caída automática de las negociaciones y la reanudación de litigios internacionales.

A quiénes se les pagará

La autorización contempla los acuerdos de conciliación alcanzados con Bainbridge Ltd. y un grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

En concreto, el esquema prevé un pago de USD 67 millones para Bainbridge Ltd. y USD 104 millones para el grupo liderado por Attestor, en forma simultánea con la cancelación de los títulos involucrados.

Se trata de bonistas que iniciaron demandas tras el default de 2001 y no ingresaron a los acuerdos de reestructuración posteriores, incluyendo el cerrado en 2016.

Argumentos del Gobierno

Desde el Ejecutivo sostienen que el acuerdo permitirá cerrar múltiples causas judiciales en el exterior y poner fin a embargos sobre activos argentinos.

Además, remarcan que incluye una quita superior al 30% sobre los montos reclamados, lo que implicaría un costo menor al de continuar los litigios en tribunales internacionales.

También advierten que, en caso de no avanzar con la ley, la Argentina podría enfrentar condiciones financieras más desfavorables, incluyendo intereses punitorios bajo legislación extranjera.

El proyecto autoriza el pago total de USD 171 millones en el marco de acuerdos de conciliación con acreedores que litigaron contra la Argentina desde el default de 2001; los pagos se dividen en USD 67 millones para Bainbridge Ltd. y USD 104 millones para el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP; el Gobierno sostiene que el acuerdo incluye una quita superior al 30% y permite evitar nuevos litigios y embargos sobre activos en el exterior.

El tratamiento legislativo se presenta como un paso clave para cerrar un frente judicial abierto desde hace más de dos décadas y evitar nuevas complicaciones financieras en el ámbito internacional.