El Gobierno anunció que enviará al Congreso un paquete de reformas centradas en el derecho de propiedad que incluye un cambio clave: la modificación de la ley de tierras rurales para eliminar las restricciones a la compra por parte de extranjeros.

El anuncio lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en la Casa Rosada. La iniciativa forma parte de una decena de proyectos que el Poder Ejecutivo prevé girar en los próximos días.

Reforma de la ley de tierras y objetivo de inversión

Adorni adelantó que el Gobierno buscará "levantar las restricciones de venta a extranjeros" sobre tierras rurales. La norma vigente -la ley 26.737, sancionada en 2011- fijó un tope del 15% a la titularidad extranjera a nivel nacional y provincial, además de límites por persona.

El funcionario vinculó la reforma con la estrategia oficial de atraer inversiones en sectores de gran escala. "Hoy, los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión", sostuvo.

En ese marco, remarcó que actividades como el petróleo, la minería y el agro requieren grandes extensiones. "No podemos permitir que, por un mero capricho ideológico, estas no se realicen", afirmó.

El Gobierno sostiene que la normativa actual limita el acceso de capital extranjero a superficies necesarias para proyectos productivos, y que su modificación permitiría dinamizar inversiones en recursos naturales. A la vez, especialistas advierten que una flexibilización sin límites podría implicar riesgos sobre el control de recursos estratégicos y generar tensiones sociales y ambientales.

Antecedentes y situación judicial

La ley de tierras fue alcanzada por el decreto 70 de 2023 impulsado por el presidente Javier Milei, que dispuso su derogación. Sin embargo, la aplicación de ese cambio quedó suspendida por una medida cautelar judicial.

En mayo de 2024, la Cámara Federal de La Plata confirmó esa cautelar, presentada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que cuestionó la validez del artículo que buscaba anular la norma. El expediente quedó a resolución de la Corte Suprema.

Al momento de su implementación, el nivel de extranjerización de tierras rurales se ubicaba en 6,09%, por debajo del límite legal. Según registros oficiales actualizados a agosto del año pasado, ninguna provincia supera ese umbral.

Desalojos exprés y cambios en expropiaciones

El paquete de reformas también incluye una ley de desalojos con trámite sumarísimo. El proyecto apunta a permitir la restitución de inmuebles ocupados ilegalmente en menos de cinco días.

"Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los okupas", sostuvo Adorni, al detallar que la iniciativa buscará evacuar rápidamente a los ocupantes y devolver la propiedad a sus dueños.

En paralelo, el Ejecutivo enviará una nueva ley de expropiaciones. Según explicó, el objetivo es limitar estos procesos a casos "estrictamente excepcionales" y elevar las indemnizaciones a los afectados.

Dentro del mismo paquete, el Gobierno prevé destinar el 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para la defensa nacional.

Un paquete más amplio de reformas

El Ejecutivo enmarca las iniciativas en una estrategia para reforzar la seguridad jurídica y promover inversiones. Adorni cuestionó la "imprevisibilidad" en contratos y derechos de propiedad, a la que atribuyó un impacto negativo en la creación de empleo.

"El Poder Ejecutivo Nacional enviará su primera decena de leyes al Congreso", resumió el funcionario, con foco en consolidar el derecho de propiedad como eje de la agenda legislativa.