El Consejo Federal de Delitos Económicos quedó oficialmente en marcha tras la publicación de la resolución 230/2026 en el Boletín Oficial. La medida, impulsada por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, busca fortalecer la prevención, investigación y coordinación federal de los delitos económicos en Argentina, uno de los ejes de la estrategia del Gobierno para enfrentar la criminalidad compleja.

El nuevo organismo funcionará dentro de la Subsecretaría de Investigación Criminal y reunirá a representantes de todas las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de las fuerzas federales. La iniciativa apunta a consolidar un esquema de trabajo conjunto para abordar delitos como lavado de activos, evasión fiscal, soborno transnacional y enriquecimiento ilícito, fenómenos que suelen involucrar estructuras complejas y redes con alcance nacional e internacional.

Según lo establecido en la normativa, el consejo estará integrado por:

Un representante titular.Un suplente del área de Delitos Económicos de cada jurisdicción provincial y de la Ciudad de Buenos Aires que adhiera al sistema.Un representante de la Dirección de Investigación de los Delitos Económicos.Delegados de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que dependen del Ministerio de Seguridad.

Entre sus funciones centrales se destacan la asistencia en la detección y prevención de delitos económicos, la recopilación y sistematización de información proveniente de distintas fuentes y el desarrollo de indicadores y reportes periódicos sobre la evolución de este tipo de criminalidad.

La resolución también establece la elaboración de un mapa situacional de la criminalidad económica a nivel nacional, regional y provincial. El objetivo es detectar tendencias, anticipar riesgos y proponer medidas preventivas. En paralelo, se promoverá el intercambio de información entre las jurisdicciones para generar alertas tempranas y conformar equipos de trabajo dedicados al análisis de situaciones específicas o coyunturales.

Otro de los ejes será la optimización de procedimientos de las fuerzas policiales y de seguridad, identificando oportunidades de mejora en los métodos de investigación y en la articulación entre organismos.

La coordinación operativa quedará en manos de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, que además aportará el soporte técnico y administrativo para el funcionamiento del consejo.

El esquema también prevé la participación de especialistas externos. Durante las reuniones podrán ser convocados representantes de organismos gubernamentales nacionales o internacionales, instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil u otros expertos cuya intervención resulte relevante para analizar determinados casos o tendencias.

El consejo deberá reunirse al menos una vez al año, aunque mantendrá comunicación permanente con las jurisdicciones adheridas para actualizar el diagnóstico sobre la criminalidad económica y diseñar acciones coordinadas frente a nuevas modalidades delictivas.

La creación del organismo se inscribe además en los compromisos internacionales asumidos por el país para identificar bienes y recuperar activos de origen ilícito, en línea con tratados como:

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes.La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional.La Convención contra la Corrupción.

En los fundamentos de la medida, la cartera de Seguridad remarca el rol de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales, encargada de articular acciones con organismos locales, provinciales, nacionales e internacionales vinculados a las investigaciones económicas.

El texto oficial advierte que este tipo de delitos forma parte de estructuras legales e ilegales de gran complejidad, que pueden involucrar instituciones o funcionarios públicos y generan ganancias millonarias.

Entre los ejemplos más frecuentes figura el lavado de dinero, considerado uno de los pilares de la criminalidad económica, junto con prácticas como el enriquecimiento ilícito de funcionarios, el soborno transnacional y la evasión tributaria.