El Gobierno nacional avanzó con una reforma del régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional que busca acelerar los procesos de compra y reducir los pasos administrativos necesarios para concretar licitaciones y adjudicaciones.

La medida apunta a descentralizar decisiones que hasta ahora requerían la intervención de ministros o del jefe de Gabinete y otorga mayores atribuciones a funcionarios de rangos inferiores. Según el Ejecutivo, el nuevo esquema permitirá agilizar la gestión de recursos y adecuar las competencias de cada área a la estructura actual del Estado.

Los cambios fueron oficializados este viernes a través del Decreto 427/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma introduce modificaciones en las facultades para autorizar gastos públicos, con el objetivo de simplificar los procedimientos y reducir la carga burocrática.

Qué cambia en las contrataciones públicas

Uno de los principales puntos de la reforma es la ampliación de las competencias de secretarios y subsecretarios para intervenir en procesos de contratación de mayor volumen económico.

A partir de la nueva normativa, los subsecretarios podrán autorizar y aprobar licitaciones, concursos y otros procedimientos de contratación por hasta 50.000 módulos. Por encima de ese umbral, las facultades pasarán a los secretarios, mientras que los ministros y el jefe de Gabinete continuarán interviniendo en las operaciones de mayor magnitud.

El decreto también actualiza los límites para la autorización de gastos contemplados en la Ley de Administración Financiera. De esta manera, se redefinen los montos que pueden aprobar directores, subsecretarios, secretarios y ministros, según el nivel jerárquico de cada funcionario.

La iniciativa evita que expedientes de menor escala deban recorrer protocolos o varias instancias antes de obtener aprobación. Por eso, desde la Casa Rosada sostuvieron que la norma resultará en una administración pública más eficiente.

La nueva reglamentación entrará en vigencia dentro de cinco días hábiles y se aplicará no solo a los procedimientos que se inicien desde entonces, sino también a las contrataciones que ya estén en curso, incluso si fueron autorizadas bajo el esquema anterior.