El Ministerio de Capital Humano solicitó formalmente información a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires por un presunto caso de adoctrinamiento político ocurrido durante un acto escolar en una institución de Pilar.

Según el comunicado oficial difundido en la cuenta de X (ex Twitter) de la cartera nacional, la intervención se produjo tras la circulación de un video que deberá ser verificado por las autoridades provinciales. En esas imágenes, una inspectora de la Región 11 habría realizado, ante estudiantes de nivel primario, consideraciones ideológicas vinculadas con la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y expresiones relacionadas con el rechazo a "lo diferente".

Pedido formal a la Provincia

La cartera que conduce Sandra Pettovello indicó que, de confirmarse los hechos, podrían encuadrarse como un caso de adoctrinamiento partidario en el ámbito escolar. En ese sentido, solicitó que se informe:

Si se inició una investigación interna para determinar la veracidad de lo ocurrido.

Qué medidas disciplinarias o administrativas se adoptarían en caso de comprobarse la situación.

Qué mecanismos existen para prevenir y sancionar casos similares.

Si hubo denuncias previas por situaciones de este tipo.

Qué protocolos se aplican para garantizar el pluralismo y la libertad de pensamiento en las escuelas.

Desde el Ministerio remarcaron que aguardarán la respuesta oficial de la Provincia en el marco de las competencias establecidas por la Ley de Educación Nacional.

El marco legal invocado

En la nota enviada a las autoridades bonaerenses, la Secretaría de Educación de Capital Humano recordó que la Constitución Nacional garantiza el derecho a enseñar y aprender, así como la libertad de expresión y de pensamiento.

También se mencionaron normativas específicas que protegen los derechos de niños y adolescentes, entre ellas:

La Convención sobre los Derechos del Niño.

La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niños y Adolescentes.

La Ley 26.206 de Educación Nacional, que establece el respeto por la libertad de conciencia de los alumnos y su protección frente a cualquier forma de agresión psicológica.

La Ley 26.892 sobre convivencia escolar.

Además, se citaron el Decreto 415/06 y el Decreto 1086/24, que incorporan disposiciones vinculadas a la libertad de pensamiento y actuación de los menores, y establecen que la imposición de una postura político-partidaria en el ámbito educativo vulnera derechos fundamentales como la dignidad, la integridad personal y la libertad.

Por último, el comunicado recordó que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el Reglamento General de Instituciones Educativas bonaerense prohíben la colocación de símbolos de partidos políticos en establecimientos escolares.

Debate abierto en el sistema educativo

El planteo del Gobierno nacional vuelve a poner en agenda la discusión sobre los límites entre la formación en educación cívica y el proselitismo político dentro de las aulas, especialmente cuando se trata de estudiantes de nivel primario.

Mientras se aguarda la respuesta oficial de la administración bonaerense, el caso podría escalar en el plano político si se confirma la existencia de responsabilidades administrativas. Por el momento, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que seguirá el tema "dentro de las competencias previstas por la Ley de Educación Nacional" y reiteró la necesidad de garantizar el pluralismo, la neutralidad partidaria y el respeto por la libertad de conciencia en el sistema educativo.