El Gobierno nacional volvió a impulsar en el Congreso la denominada Ley Hojarasca, un proyecto que apunta a derogar más de 70 normas vigentes que considera desactualizadas o innecesarias. 

La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya había sido presentada en 2024 pero perdió estado parlamentario al no ser tratada.

La semana pasada, el Ejecutivo la reenvió al Parlamento y el texto fue girado a las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, donde comenzará su discusión formal.

Desde el oficialismo aseguran que el proyecto busca ordenar el marco normativo argentino y eliminar legislación "obsoleta, inútil o superada por normativas posteriores", incluyendo regulaciones que generan trámites considerados innecesarios y costos adicionales para los ciudadanos.

Normas curiosas, pero con artículos políticamente sensibles

Aunque el proyecto incluye leyes que parecen anecdóticas -como la llamada "ley del lobizón", que establece que el Presidente debe apadrinar al séptimo hijo varón de una familia- también incorpora artículos que abren un frente de conflicto político.

Entre los puntos más sensibles se encuentra el intento de desfinanciar organismos que reciben aportes del Estado y eliminar beneficios que actualmente tienen legisladores nacionales.

Uno de los casos es el Círculo de Legisladores, una institución que recibe fondos del Tesoro Nacional. El texto propone cortar esa asistencia y sostiene que quienes quieran participar deberán financiarlo con aportes propios.

Además, el proyecto incluye la derogación de la ley que otorga a diputados y senadores una credencial personal para la libre circulación y estacionamiento, beneficio que el Ejecutivo considera un privilegio incompatible con el principio de igualdad.

El recorte a la Federación Argentina de Municipios

Otro punto de tensión es la propuesta de quitar financiamiento estatal a la Federación Argentina de Municipios (FAM), una organización que nuclea intendentes de todo el país y que actualmente preside el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza.

El oficialismo entiende que no corresponde que este tipo de entidades reciba recursos nacionales, mientras que desde sectores opositores advierten que se trata de un ataque indirecto a estructuras institucionales ligadas a gobiernos provinciales y municipales.

La derogación de la ley de producción pública de medicamentos

En el paquete también aparece la eliminación de la Ley 26.688, sancionada en 2011, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos.

El Gobierno argumenta que la norma demoró años en reglamentarse y que no establece acciones concretas. Sin embargo, desde la oposición señalan que funciona como un marco jurídico relevante para respaldar políticas sanitarias y financiamiento estatal en áreas estratégicas.

El Estado podría comprar autos importados

Entre los artículos más polémicos se encuentra la derogación de la Ley 16.789, vigente desde 1965, que obliga al Estado nacional a adquirir automóviles fabricados por la industria automotriz argentina para su flota oficial.

El Ejecutivo sostiene que esa obligación limita la eficiencia del gasto público y que el Estado debe priorizar el uso "más eficiente posible" del dinero de los contribuyentes. Si se aprueba la derogación, el Gobierno podría adquirir vehículos importados para organismos nacionales.

Las leyes que el Gobierno considera "obsoletas"

La Ley Hojarasca también incluye derogaciones de normas que llaman la atención por su contenido y antigüedad.

Entre ellas se encuentra la ley del carnet de mochilero, sancionada en 1974 durante el gobierno de Isabel Perón para controlar a quienes viajaban "a dedo" por rutas argentinas. También figura la eliminación de regulaciones sobre el registro y matrícula de palomas mensajeras utilizadas en competencias colombófilas.

Qué busca el Gobierno con la Ley Hojarasca

En los fundamentos, el proyecto plantea que el objetivo es reducir la burocracia, simplificar el sistema legal y eliminar normas sin aplicación real, revisando legislación vigente desde 1864 hasta la actualidad.

Aunque desde La Libertad Avanza aseguran que no se trata de un proyecto urgente, reconocen que el impacto político de algunos artículos podría complicar su avance en el Congreso, especialmente por el recorte de beneficios y recursos que involucran directamente a actores legislativos y organizaciones vinculadas al poder territorial.

La discusión comenzará en comisiones, pero el oficialismo anticipa que buscará acelerar su tratamiento para convertirla en ley en las próximas semanas.