El Gobierno nacional impulsa la Ley de Hojarasca con el objetivo de eliminar más de 70 normas consideradas obsoletas y avanzar en una reorganización del sistema legal argentino, en paralelo a la definición de su agenda legislativa para el Congreso.

La iniciativa, diseñada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, propone derogar leyes sin aplicación práctica, incompatibles con la Constitución o superadas por cambios tecnológicos y económicos. El proyecto ya había sido enviado en 2024, pero no avanzó en el Parlamento y ahora el oficialismo evalúa insistir con su tratamiento.

El diagnóstico oficial sostiene que la Argentina acumuló durante décadas un volumen elevado de normas que generan costos de cumplimiento, litigiosidad y trabas administrativas, tanto para ciudadanos como para empresas. En ese marco, el Ejecutivo plantea que la sobrecarga regulatoria invierte el principio constitucional según el cual todo lo que no está prohibido está permitido.

Qué propone la Ley de Hojarasca

El proyecto de Ley de Hojarasca en Argentina se organiza en seis ejes principales y apunta a una depuración integral del digesto jurídico.

Entre los puntos centrales, incluye la eliminación de normas superadas por legislación posterior, como disposiciones del siglo XIX que ya quedaron sin efecto práctico, y leyes que perdieron sentido por avances tecnológicos, como regulaciones sobre transmisión televisiva previas a la era digital.

También contempla la derogación de leyes que afectan libertades individuales, muchas de ellas dictadas en contextos autoritarios, que establecen restricciones sobre reuniones privadas, circulación o expresiones culturales. En ese grupo aparecen regulaciones que habilitan controles indirectos sobre la prensa o mecanismos de intervención estatal en ámbitos privados.

Otro eje apunta a la eliminación de normas que sostienen estructuras administrativas sin función real o que refieren a organismos inexistentes. El objetivo es reducir la burocracia y simplificar procesos.

Además, el proyecto incluye la revisión de disposiciones sanitarias consideradas obsoletas y de medidas que ya no se ajustan a estándares actuales de derechos fundamentales.

Impacto económico y regulatorio

El oficialismo sostiene que la acumulación normativa genera costos innecesarios para la actividad económica, al exigir trámites, autorizaciones y controles que no aportan valor. En esa línea, la iniciativa busca facilitar el funcionamiento del mercado y reducir barreras regulatorias.

La propuesta se inscribe en una estrategia más amplia orientada a reducir la intervención estatal, mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer la seguridad jurídica. El criterio central es que el derecho funcione como garantía de libertad y no como un mecanismo de restricción.

Cómo se integra a la agenda legislativa

La Ley de Hojarasca forma parte del paquete que el Gobierno analiza enviar al Congreso en el inicio del período ordinario, junto con la reforma del Código Penal y un conjunto de proyectos vinculados a la propiedad privada.

En ese marco, el equipo que coordina la estrategia legislativa, bajo la órbita de Manuel Adorni y con supervisión de Karina Milei, trabaja en la definición de prioridades y tiempos de envío.

El oficialismo también mantiene en agenda otras iniciativas, como la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y regularización dominial, además de reformas pendientes en materia política y electoral.

Prioridades y tensiones políticas

Dentro del cronograma legislativo, la Ley de Glaciares aparece como una de las prioridades para el oficialismo, con fuerte impulso de gobernadores de provincias mineras. El tratamiento podría avanzar en las próximas semanas, aunque todavía no hay definiciones sobre la cámara de origen.

Al mismo tiempo, el Gobierno posterga el envío de la reforma política para evaluar apoyos en el Congreso, en un escenario donde también se discute el futuro de las PASO, con posiciones divididas entre eliminación, suspensión o modificación.

En este contexto, la Ley de Hojarasca se posiciona como una de las iniciativas clave para el Ejecutivo, en línea con su estrategia de desregulación y simplificación del Estado, en un año legislativo marcado por negociaciones políticas y búsqueda de consensos.