La investigación judicial por presuntas maniobras con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, pidió a otros tribunales que le remitan causas vinculadas a la firma TourProdEnter LLC, empresa señalada en distintas denuncias por supuestos desvíos de dinero relacionados con contratos internacionales de la entidad.

El planteo aparece en una resolución firmada en marzo dentro del expediente "Pantano, Luciano Nicolás y otros s/infracción art. 303 CP", en el que se investiga un presunto esquema de lavado de activos. Allí el magistrado requirió al Juzgado Federal de Lomas de Zamora y al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11 que se inhiban de intervenir en tramos de investigaciones que, según sostuvo, se superponen con los hechos que tramitan en Campana.

La causa que originó la investigación

El expediente que tramita en Campana se inició a partir de una investigación por presunto lavado de activos vinculada a una propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar.

En ese predio -según consta en la causa- se encontraron autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas. La investigación busca determinar si el origen de los fondos utilizados para adquirir y mantener el lugar puede justificarse.

Los principales investigados en ese tramo del expediente son Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quienes figuran como responsables de la sociedad Real Central, titular del inmueble.

En enero, la Cámara Federal de San Martín resolvió que la causa debía tramitar en el fuero federal de Campana. El tribunal sostuvo que el punto determinante del presunto lavado habría ocurrido en Pilar. Según la denuncia, allí se habrían utilizado fondos de origen ilícito para ingresar dinero al circuito formal mediante la compra del predio.

Las otras causas por los fondos de la AFA

En paralelo, distintos juzgados investigan denuncias vinculadas al manejo de ingresos internacionales de la AFA a través de la empresa TourProdEnter LLC, firma radicada en Estados Unidos y administrada por Erica Gillette junto al empresario Javier Faroni.

De acuerdo con el contrato firmado con la entidad, esa compañía actuaba como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior, con facultades para gestionar patrocinios, organizar eventos y cobrar ingresos vinculados a acuerdos comerciales internacionales.

Uno de esos expedientes tramita en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, donde se investiga si parte de esos fondos pudo haber sido desviado hacia sociedades constituidas en Florida que, según la pesquisa judicial, podrían haber funcionado como empresas pantalla.

En esa investigación también se analizan posibles vínculos con operatorias financieras que habrían canalizado ingresos de la AFA fuera del circuito bancario argentino.

La denuncia de Tofoni

Otra causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11 de la ciudad de Buenos Aires y se originó en una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, dueño de la empresa World Eleven, que durante años tuvo contratos con la AFA para organizar partidos amistosos de la selección argentina.

Según esa presentación, la entidad habría firmado contratos con empresas extranjeras para la realización de partidos y eventos comerciales cuyos ingresos no habrían sido registrados en las cuentas de la asociación.

La denuncia sostiene que esas maniobras habrían generado un perjuicio económico para la AFA cercano a los USD 300 millones y atribuye la operatoria a directivos de la entidad y a los responsables de TourProdEnter. Esos hechos constituyen actualmente objeto de investigación judicial.

Una disputa judicial todavía abierta

El pedido de González Charvay no implica que las causas ya hayan sido unificadas. El magistrado requirió formalmente que los otros juzgados se inhiban y remitan las actuaciones para su acumulación.

Si esos tribunales aceptan el planteo, los expedientes pasarán a tramitar en Campana. En caso contrario, se abrirá un conflicto de competencia que deberá resolver una instancia superior.

Ese debate sobre qué tribunal debe concentrar la investigación ya llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, donde la integración del tribunal cambió recientemente tras la inhibición del camarista Daniel Petrone por "cuestiones de decoro", debido a su relación con el empresario Javier Faroni en otra causa penal vinculada al expediente.

Por ahora, ese conflicto sigue sin resolverse mientras la investigación avanza en distintos frentes judiciales.