Por Ana Laura Jaruf

Cada búsqueda en Internet, cada compra online y cada desplazamiento con el teléfono móvil generan datos que son recolectados, procesados y monetizados por terceros. En la actualidad, los datos se han convertido en uno de los recursos estratégicos más valiosos de la economía global. 

Sin embargo, a diferencia de otros activos, son producidos gratuitamente por los usuarios, mientras que el valor económico derivado de ellos es capturado principalmente por empresas, plataformas digitales y, en algunos casos, Estados.

Esta situación refleja una profunda asimetría de poder. Los individuos generan información de manera constante a través de sus actividades cotidianas, pero carecen de los recursos tecnológicos y de la capacidad de procesamiento necesarios para gestionarla. 

Como señaló Manuel Castells, vivimos en una "sociedad informacional", donde el poder se organiza en torno a la capacidad de producir, procesar y transmitir información en tiempo real. En este contexto, los datos se transforman en la materia prima fundamental de la economía digital.

Aunque suele asociarse a las redes sociales, el mercado de datos tiene una historia más extensa. Durante la década de 1970 surgieron las primeras bases de datos comerciales utilizadas para marketing directo. En los años ochenta y noventa, la expansión de los códigos de barras y los sistemas informáticos permitió recopilar información masiva sobre hábitos de consumo. 

Posteriormente aparecieron los denominados data brokers, empresas especializadas en recolectar, combinar y vender información proveniente de múltiples fuentes.

La expansión de Internet consolidó este modelo. Plataformas como Google y posteriormente las redes sociales popularizaron un esquema en el que los usuarios acceden a servicios aparentemente gratuitos mientras sus datos son utilizados con fines comerciales. 

La socióloga Shoshana Zuboff denominó a este fenómeno "capitalismo de vigilancia", caracterizado por la extracción sistemática de información personal para predecir e influir sobre comportamientos futuros.

Big Data, algoritmos y los riesgos para la democracia

La creciente capacidad de procesamiento de datos amplificó los desafíos. El desarrollo del Big Data y del Machine Learning permite analizar volúmenes masivos de información y detectar patrones complejos imposibles de identificar mediante métodos tradicionales. Sin embargo, estos sistemas suelen operar como "cajas negras", dificultando comprender cómo se toman determinadas decisiones. Cuando algoritmos influyen en el acceso al crédito, la selección laboral o la información política que reciben los ciudadanos, la falta de transparencia deja de ser un problema técnico para convertirse en un problema democrático.

Frente a estos desafíos, distintos países han adoptado modelos regulatorios divergentes. Estados Unidos privilegia una lógica de mercado en la que los datos son tratados como activos económicos y la regulación es principalmente sectorial. La Unión Europea, en cambio, considera la protección de datos un derecho fundamental y estableció un marco robusto mediante el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que otorga amplios derechos a los ciudadanos y prevé sanciones significativas para las organizaciones incumplidoras. China, por su parte, adopta un enfoque basado en el control estatal, donde los datos son considerados un recurso estratégico sujeto a supervisión gubernamental.

El desafío argentino: una ley que quedó atrás

Argentina enfrenta este debate con una normativa desactualizada. La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales fue sancionada en el año 2000, antes de la expansión de las plataformas digitales, el Big Data y la inteligencia artificial. Aunque constituyó un avance importante para su época, hoy presenta limitaciones evidentes. Su enfoque es principalmente reactivo: permite reclamar una vez producido el daño, pero ofrece escasas herramientas preventivas para enfrentar los riesgos actuales.

Los desafíos no son hipotéticos. Los cuestionamientos al sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires, las filtraciones de datos que afectaron al PAMI y distintos incidentes de ciberseguridad evidencian la distancia existente entre el marco legal vigente y la complejidad del ecosistema digital contemporáneo.

La discusión sobre gobernanza de datos trasciende la dimensión tecnológica. En última instancia, plantea preguntas políticas fundamentales: quién controla la información, quién obtiene los beneficios económicos derivados de ella, qué responsabilidades tienen las organizaciones que la utilizan y cuáles son los límites legítimos para su explotación. En un mundo donde los datos se han convertido en un recurso estratégico, actualizar las reglas de juego no es solo una cuestión de eficiencia económica, sino una condición necesaria para proteger derechos fundamentales en el siglo XXI.