Con el impulso de una mayoría que considera asegurada, el oficialismo volverá este jueves al recinto del Senado con una agenda cargada: la reforma a la Ley de Glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea serán los ejes centrales de la sesión prevista para las 11.

Además, se pondrá a consideración el pliego del ex diputado nacional Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.

El viernes, en tanto, la Cámara alta volverá a sesionar para tratar la reforma laboral y el régimen penal juvenil, ambos proyectos con media sanción de Diputados.

Acuerdo Mercosur-UE: el Gobierno acelera para ser el primero

La ratificación del tratado birregional entre el Mercosur y la Unión Europea estaba prevista originalmente para el viernes, pero la Casa Rosada decidió adelantar el debate.

La razón es estratégica: el Parlamento de Uruguay aceleró su propio proceso de ratificación y podría aprobarlo en las próximas horas. El Gobierno de Javier Milei busca ser el primer socio en darle luz verde al acuerdo, bajo la premisa de que eso podría traducirse en ventajas comerciales diferenciales frente a otros países de la región.

El tratado fue firmado el 17 de enero en Asunción, en una ceremonia con la participación de Milei y sus pares Santiago Peña y Yamandú Orsi. No asistió el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Qué implica el acuerdo

El entendimiento entre ambos bloques -uno de los mayores acuerdos birregionales del mundo- prevé:

Reducción de aranceles a más del 90% de las exportaciones argentinas.

Eliminación de barreras para bienes industriales europeos.

Supresión de aranceles para productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, indumentaria y bebidas.

El acuerdo apunta a consolidar una zona de libre comercio de más de 700 millones de consumidores, equivalente al 20% del PBI mundial.

Sin embargo, aún no puede implementarse plenamente porque el Parlamento Europeo solicitó la revisión del tratado por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deberá analizar su impacto antes de su entrada en vigencia.

En el Senado argentino, los votos para su aprobación estarían asegurados, aunque el interbloque peronista que conduce José Mayans podría votar dividido, como ocurrió en Diputados.

Reforma de la Ley de Glaciares: tensión con la UCR y presión ambiental

El otro plato fuerte de la jornada será la reforma de la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, vigente desde 2010.

El oficialismo confía en aprobar el proyecto, pero a último momento la UCR presentó una iniciativa alternativa que limita el margen de decisión de las provincias en la determinación de áreas protegidas.

La discusión gira en torno a quién debe tener la potestad principal para definir qué zonas periglaciares pueden habilitarse para actividades económicas.

El proyecto del Gobierno

La propuesta del Poder Ejecutivo mantiene la prohibición de actividades económicas en glaciares, pero redefine el alcance de las áreas periglaciares.

Introduce el concepto de "formas periglaciares" y propone distinguir entre:

Aquellas que cumplen funciones de reserva estratégica de recursos hídricos.

Aquellas que no tienen una función hídrica comprobable y podrían habilitarse para explotación económica.

En los hechos, esto abriría la puerta a inversiones en minería e hidrocarburos en zonas actualmente vedadas, siempre que no se afecte una función hídrica fehaciente.

El proyecto crea además el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con coordinación de la Secretaría de Energía. El organismo deberá identificar glaciares y formas periglaciares y determinar cuáles cumplen funciones hídricas esenciales.

La diferencia con la UCR

La principal divergencia es institucional:

El proyecto oficial transfiere a las provincias la facultad de proponer qué áreas proteger y cuáles habilitar, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las jurisdicciones provinciales.

La iniciativa de la UCR concentra el poder decisorio en el IANIGLA, reduciendo la discrecionalidad provincial.

El Gobierno asumió el compromiso de avanzar con esta reforma ante gobernadores de provincias cordilleranas interesadas en destrabar inversiones mineras y energéticas.

Rechazo ambiental y postura de la Iglesia

La reforma genera fuerte resistencia de asambleas ambientalistas y de sectores de la Iglesia, que advirtieron que modificar la ley implicaría una "regresión ambiental inconstitucional" y vulneraría compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú.

Los críticos sostienen que los glaciares y zonas periglaciares son reservorios estratégicos de agua dulce, fundamentales para el consumo humano, la agricultura y la biodiversidad, y que su protección no debe flexibilizarse ante intereses económicos de corto plazo.

Un Senado en el centro de la agenda política

Con dos debates de alto impacto -uno en materia ambiental y otro en política comercial internacional- el Senado se convierte esta semana en el escenario central de la agenda del Gobierno.

Mientras el oficialismo apuesta a capitalizar una mayoría favorable para avanzar en su programa económico y productivo, la oposición y organizaciones sociales preparan una discusión que promete ser intensa tanto dentro como fuera del recinto.