El ex subprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, advirtió que las críticas políticas a la expropiación de YPF en 2012 podrían afectar la posición del país en futuras instancias judiciales, pese al reciente fallo favorable en Estados Unidos.

El especialista sostuvo que la Cámara de Apelaciones de Nueva York validó que el Estado argentino actuó conforme al derecho local al recuperar el 51% de la compañía, en el marco de una causa iniciada en 2015.

La discusión judicial y el cambio de eje

Soler explicó que durante los primeros años del proceso el foco estuvo puesto en la jurisdicción del caso, hasta que en 2020 se definió que debía tramitarse en tribunales de Nueva York.

A partir de ese momento, la discusión se centró en si el Estado argentino debía realizar una oferta de compra a los accionistas minoritarios al momento de la expropiación.

"La principal razón por la que la Cámara falla a favor es porque concluye que bajo el derecho argentino se actuó correctamente en 2012".

El criterio de la Cámara de Apelaciones

Según detalló, la defensa argentina sostuvo de manera consistente que no existía obligación legal de extender la oferta a todos los accionistas, sino únicamente al mayoritario.

En primera instancia, la jueza interpretó que el estatuto societario implicaba una obligación incumplida, pero la Cámara adoptó un criterio distinto.

Determinó que el estatuto no constituye un contrato, sino un mecanismo de organización interna, y que ninguna disposición privada puede limitar la potestad constitucional del Estado de expropiar.

Advertencias por el impacto político

El ex funcionario destacó que la estrategia de defensa se mantuvo a lo largo de distintos gobiernos, lo que definió como una política de Estado sostenida en el tiempo.

Sin embargo, expresó preocupación por declaraciones posteriores al fallo que cuestionan la legalidad de la expropiación.

La causa se inició en 2015 y durante varios años se centró en la discusión sobre la jurisdicción, hasta que en 2020 se resolvió que debía tramitarse en Nueva York; el eje del litigio pasó entonces a determinar si el Estado debía ofrecer la compra de acciones a minoritarios, mientras que la defensa argentina sostuvo de forma consistente que la legislación local habilita la expropiación por utilidad pública sin esa obligación, postura que finalmente fue convalidada por la Cámara de Apelaciones.

Sostuvo que esos posicionamientos podrían ser utilizados en contra de la Argentina en caso de que los demandantes intenten avanzar con nuevas apelaciones ante instancias superiores, como la Corte Suprema de Estados Unidos.

Consecuencias económicas y judiciales

Soler subrayó que el criterio adoptado por la Cámara fue clave para evitar una eventual sentencia de alto impacto económico, al rechazar la interpretación de incumplimiento contractual.

El fallo favorable fortalece la posición jurídica de la Argentina en el caso, aunque las advertencias sobre el impacto de las declaraciones políticas abren un nuevo frente de atención en un conflicto que aún podría tener derivaciones en tribunales internacionales.