La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la decisión tomada por el juez Cormick y el Estado debe actualizar los salarios docentes y becas estudiantiles, contempladas en los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

Según la normativa aprobada por el Congreso, pero sin aplicación real por parte del Estado, los haberes docentes deben actualizarse en un 12,3% repartidos en tres tramos: marzo, julio y septiembre de 2026. Además, obliga la negociación paritaria con una periocidad máxima de tres meses para revisar los aumentos según inflación.

Los artículos que exige una inmediata aplicación por parte de la Justicia también incluyen asegurar los gastos mínimos de funcionamiento y una partida específica para los hospitales universitarios por $80.000 millones, destinados exclusivamente para el sistema de salud.

El conflicto entre el Gobierno y las universidades empezó durante los primeros meses de Javier Milei como presidente, con la prórroga del presupuesto de 2023. En un contexto de inflación interanual superior al 200%, esto significó en la práctica un recorte masivo. Las universidades comenzaron el año con la advertencia de que solo tenían fondos para funcionar hasta mayo o junio, pero se cortaron servicios básicos, como la luz y el gas, y se suspendieron programas de investigación.

El conflicto saltó a la calle con dos de las movilizaciones más masivas de las últimas décadas en Argentina.

23 de abril de 2024: una marcha histórica en todo el país obligó al Gobierno a actualizar parcialmente las partidas de "gastos de funcionamiento" (luz, limpieza, insumos), aunque dejó afuera el reclamo salarial docente, que representa el 90% del presupuesto.

2 de octubre de 2024: tras el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, se realizó la segunda marcha federal. A pesar de la presión social, el Congreso ratificó el veto días después gracias al apoyo del PRO y sectores aliados.

 Después del veto, el Gobierno endureció su discurso acusando a las universidades de ser centros de "adoctrinamiento" y de opacidad en el manejo de fondos. El Ejecutivo impulsó auditorías a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), mientras que las universidades argumentaron que, por su autonomía constitucional, solo pueden ser auditadas por la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso.

 Aunque el Palacio Legislativo sancionó una nueva ley a fines de 2025, el Ejecutivo evitó su implementación plena, lo que generó una ola de amparos judiciales por parte de los rectorados. La Justicia les dió la razón, en medio del paro de docentes universitarios por 48 horas, que empezó este lunes 30 de marzo.