La aerolínea Flybondi inició un plan de retiros voluntarios para sus empleados en un intento por rediseñar su estructura frente a un escenario operativo crítico. 

La compañía de bajo costo fue comprada en junio de 2025 por el empresario Leonardo Scatturice a través del fondo estadounidense COC Global Enterprise. Sin embargo, la decisión se tomó en medio de constantes cancelaciones de vuelos y una falta de aviones propios, factores que instalaron una fuerte incertidumbre sobre el futuro de la firma en el mercado aerocomercial.

Flybondi bajo la lupa

El programa de retiros se desarrolló bajo la normativa vigente y con condiciones acordes para los adherentes. La intención oficial radicó en un "rediseño organizacional" que permitiera a la empresa adaptarse a un contexto extremadamente complejo. 

La medida llegó en un momento de máxima tensión con los usuarios, dado que las demoras y las suspensiones de servicios se volvieron, para muchos, la regla general de su operación diaria.

A pesar de la agresiva estrategia de marketing que acompañó la llegada de los nuevos dueños hace menos de un año, la situación de la empresa no mostró las mejoras estructurales esperadas. Las expectativas de una inyección masiva de recursos y nuevos contactos por parte de Scatturice no se tradujeron en una mayor disponibilidad de flota. Esta carencia de aeronaves propias resultó ser el principal cuello de botella que impidió normalizar el cronograma de rutas nacionales e internacionales.

Según informes oficiales, uno de cada cinco vuelos programados por la compañía nunca aterrizó en su destino original. Esta estadística situó a la empresa en una posición de riesgo operativo altísimo, que consolida una percepción negativa entre los pasajeros que ya se instaló de forma masiva en la opinión pública.

Este historial de irregularidades no pasó desapercibido para los organismos de control y las administraciones provinciales. Recientemente, el gobierno de Neuquén aplicó una multa de $228 millones a la aerolínea por incumplimientos sistemáticos en la atención al cliente. La sanción respondió a las fallas detectadas en la asistencia a más de 22.000 pasajeros damnificados en enero.

Desde la dirección de la compañía aseguraron que este movimiento buscó garantizar la continuidad y calidad del servicio en el largo plazo. Argumentaron que el fortalecimiento de la operación requiere un ajuste en la planta permanente para equilibrar los costos fijos con la capacidad real de transporte actual. La cúpula directiva insistió en que el enfoque permaneció en sostener los compromisos con los clientes y el entorno en el que operan.

El clima interno entre los trabajadores se mantuvo tenso ante la apertura de los retiros. Muchos leyeron esta movida como una señal de debilidad financiera frente a la imposibilidad de expandir la flota. La falta de aviones propios obligó a la organización a achicarse para sobrevivir, postergando los planes de expansión agresiva que se anunciaron con pompa tras el cambio de paquete accionario en 2025.