El Gobierno nacional abrió una negociación delicada con los gobernadores para avanzar con la reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las empresas, un punto central de la reforma laboral que genera fuerte resistencia en las provincias por su impacto fiscal.

La iniciativa propone bajar la carga impositiva a las sociedades del 35% al 31,5%, una modificación que, según advierten los mandatarios provinciales, reducirá sensiblemente los recursos coparticipables a partir de 2027, el año en el que muchos gobernadores pondrán en juego su gestión y buscarán la reelección.

El reclamo de las provincias por la caída de recursos

Los gobernadores aliados reclaman mecanismos de compensación ante la merma de ingresos que provocaría la rebaja de Ganancias a las empresas. Según cálculos provinciales, la pérdida alcanzaría cerca de 3 billones de pesos, una cifra que desde el Ejecutivo relativizan y estiman muy por debajo de ese monto.

El capítulo fiscal se transformó así en el principal foco de tensión política, incluso entre aliados del oficialismo, en un contexto donde la Casa Rosada busca sostener el corazón de la reforma sin resignar el respaldo parlamentario.

Dudas en el radicalismo y negociaciones abiertas

El senador radical Eduardo Vischi reconoció a la Agencia Noticias Argentinas las dificultades para cerrar el acuerdo fiscal y dejó en claro la preocupación de las provincias.

"Hasta ahora estamos en dudas; es uno de los temas que realmente nos preocupan, porque tiene que ver con previsiones que para las provincias son fundamentales", afirmó el legislador.

En el Senado descuentan que las negociaciones se extenderán hasta el último momento, especialmente en los puntos vinculados a:

La rebaja del Impuesto a las Ganancias para sociedades

La creación del Régimen de Incentivo a las Inversiones (RIMI), que incluye amortización acelerada en Ganancias

La devolución anticipada del IVA

Indemnizaciones y el foco en las PyMEs

Otro eje sensible del proyecto es el régimen de indemnizaciones. El Gobierno impulsa la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que se financiaría con el 3% de las contribuciones patronales actualmente destinadas a la ANSES, para cubrir los costos de despidos.

Ante los reparos planteados por la UCR, se negocia que este mecanismo solo se aplique a las PyMEs, con el objetivo de evitar un impacto generalizado sobre el sistema previsional y limitar su alcance a empresas de menor escala.

Sesión especial y respaldo político

En paralelo a las discusiones fiscales, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó este martes que junto a bloques dialoguistas se solicitó una sesión especial para el 11 de febrero con el objetivo de debatir la reforma laboral en el Senado.

Bullrich aseguró que el proyecto se encuentra "en un 95% acordado" y se mostró confiada en el respaldo parlamentario.

"Creemos que tenemos los votos", sostuvo ante los medios tras una reunión con los jefes de bloque Eduardo Vischi (UCR), Luis Juez (Frente Cívico), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) y Edith Terenzi (Despierta Chubut).

Una definición política con impacto electoral

Con la sesión convocada y el debate en marcha, el capítulo fiscal aparece como la última gran barrera para cerrar la reforma. La discusión no solo es técnica: cruza intereses electorales, autonomía provincial y el modelo de financiamiento del Estado.

El desenlace se definirá en una negociación contrarreloj, donde el oficialismo apuesta a sostener el núcleo de la reforma laboral mientras intenta contener el malestar de los gobernadores, conscientes de que 2027 ya empezó a jugar en cada decisión fiscal.