La Fiscalía de Colombia ha dado un paso significativo al abrir una investigación contra 44 altos cargos de los gobiernos de Iván Duque y el actual presidente, Gustavo Petro. Esta acción responde al presunto incumplimiento de órdenes del Tribunal Constitucional relacionadas con la comunidad indígena más grande del país, los wayúu. A pesar de una sentencia emitida en 2017, los funcionarios no han implementado un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para mejorar las condiciones de vida de esta comunidad.

La situación es crítica, ya que siete años después de la orden judicial, no se han tomado acciones efectivas para asegurar el acceso a derechos fundamentales como el agua, la alimentación, la salud, la igualdad y la diversidad cultural. La comunidad wayúu, ubicada principalmente en la península de Guajira, en la frontera con Venezuela, sigue enfrentando condiciones adversas. La Fiscalía considera la posibilidad de emitir sanciones a los responsables, lo que podría tener un impacto significativo en la política nacional.

Entre los investigados se encuentran figuras destacadas como el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la extitular de Exteriores, Laura Sarabia. También están implicados el exministro de Salud del Gobierno de Iván Duque, Fernando Ruiz Gómez, y los últimos tres gobernadores de la Guajira. Además, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, está bajo escrutinio por un caso de corrupción relacionado con la compra irregular de camiones cisterna para llevar agua potable a La Guajira.