El Parlamento israelí (Knéset) aprobó este lunes una ley que habilita la pena de muerte para palestinos condenados por delitos de terrorismo que hayan provocado víctimas mortales.

Según el diario israelí Haaretz, la norma establece criterios que dificultan su aplicación a ciudadanos judíos israelíes, ya que incorpora un componente ideológico ligado a acciones que "busquen negar la existencia del Estado de Israel".

La ley se aprobó con 62 votos a favor y 48 en contra, con respaldo de sectores del oficialismo y parte de la oposición. Además, podrá aplicarse en territorios bajo control israelí, como Cisjordania y zonas de la Franja de Gaza.

La reforma habilita la pena de muerte por ahorcamiento y, según las ONG, se aplicará en la práctica a palestinos y no a israelíes judíos.

Qué cambia con la nueva ley

La reforma reduce los requisitos para dictar la pena capital. En el caso de los palestinos juzgados en tribunales militares en Cisjordania, la norma establece que la condena a muerte será la pena por defecto, salvo que el tribunal determine "razones especiales" para reemplazarla por cadena perpetua.

Otro cambio clave es que ya no será necesaria la unanimidad de los jueces: bastará una mayoría simple para imponer la sentencia.

Además, las posibilidades de apelación quedarán restringidas y el condenado no contará con mecanismos claros de indulto.

Diferencias entre palestinos e israelíes

La norma contempla dos vías judiciales:

Tribunales militares para palestinos en Cisjordania ocupada.Tribunales ordinarios para ciudadanos israelíes, incluidos colonos.

En los tribunales civiles, la ley agrega una condición adicional para aplicar la pena capital: que el asesinato terrorista tenga como finalidad "dañar al Estado de Israel", lo que, según especialistas citados por medios israelíes, hace más difícil que se aplique a judíos israelíes.

Ejecución y plazos

Israel solo ejecutó a una persona desde su creación: Adolf Eichmann, en 1962. Con esta reforma, el país reintroduce un mecanismo penal que no se aplicaba en casos de terrorismo y abre un nuevo foco de tensión política y judicial en el marco del conflicto regional.

La ley establece que la pena se aplicará por ahorcamiento. 

El Servicio Penitenciario de Israel deberá ejecutar la sentencia en un plazo de 90 días, aunque el primer ministro podrá pedir una prórroga de hasta 180 días.

El condenado permanecerá aislado y la identidad del ejecutor se mantendrá en secreto.

Impulso político tras el 7 de octubre

La iniciativa ganó fuerza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. El gobierno de Benjamín Netanyahu consiguió los votos necesarios para sancionar la ley, promovida por sectores de ultraderecha.

El proyecto fue impulsado por legisladores del partido Poder Judío (Otzma Yehudit), con respaldo del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, una de las figuras más activas en su defensa.

Críticas de la oposición, ONG y organismos internacionales

Organizaciones de derechos humanos denunciaron que la reforma es discriminatoria y que se aplicará de forma casi exclusiva a palestinos.

También advirtieron sobre la falta de garantías en tribunales militares, que según datos citados por Haaretz presentan tasas de condena cercanas al 99%, basadas en muchos casos en confesiones obtenidas bajo presión.

La Unión Europea reiteró su rechazo a la pena de muerte "en todos los casos y bajo cualquier circunstancia", mientras expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya habían pedido frenar la iniciativa por considerar que viola el derecho a la vida.