El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció la activación de un esquema protocolar ante amenazas de tiroteos en establecimientos educativos que ya derivaron en tres causas judiciales con allanamientos, uno fuera del distrito.

La decisión se dio tras mensajes intimidatorios y amenazas detectadas en las últimas semanas en escuelas de la Ciudad. A partir de estos casos, el Ministerio de Educación envió a todas las instituciones una serie de pautas de intervención.

"No vamos a naturalizar que las amenazas de violencia alteren la vida y el ritmo escolar. No se trata de una broma, es un delito", afirmó Macri. El mandatario remarcó que cada advertencia activa consecuencias legales y confirmó pedidos de información a plataformas digitales por la circulación de desafíos virales.

También señaló que se articularon acciones con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Tutelar, la Policía de la Ciudad y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Qué establece el protocolo por armas en las escuelas

El esquema fija procedimientos ante sospecha, advertencia o detección de armas dentro del ámbito educativo. El objetivo apunta a resguardar la integridad física y psicosocial de estudiantes y docentes.

El protocolo define tres categorías: armas de fuego, armas blancas y objetos impropios con capacidad de daño. También establece qué se entiende por "sospecha fundada": denuncias o indicios verificables que indiquen portación o amenaza.

Frente a un caso, se prohíbe cualquier intervención física. Ningún integrante puede requisar ni intentar quitar un arma. La acción indicada consiste en dialogar con la persona involucrada y solicitar que deje el objeto en una superficie segura. Incluso, ante armas de fuego, se recomienda pedir que retire el dedo del gatillo.

En todos los casos con armas de fuego, la institución debe comunicarse de inmediato con el 911, exista o no una amenaza activa. Solo las fuerzas de seguridad están habilitadas para manipular ese tipo de elementos.

El procedimiento incluye separar al estudiante en un espacio cuidado, sin exposición pública ni uso de fuerza, siempre que la situación lo permita.

Cómo se interviene y qué obligaciones rigen

Cada episodio debe registrarse en el registro de actas y comunicarse a las autoridades de supervisión. Las instituciones tienen la obligación de denunciar ante la Justicia hechos que configuren delitos o afecten derechos. Si existe posible vulneración de derechos, interviene el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Fiscal General de la Ciudad, Martín López Zabaleta, explicó que existe un esquema de coordinación inmediata con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y las fiscalías. "La identificación de los autores permite avanzar en cada caso concreto y cumple una función preventiva", sostuvo.

Macri indicó que tres hechos concretos ya derivaron en operativos policiales. La Justicia mantiene abiertas las investigaciones para determinar responsabilidades de estudiantes y adultos.

Prevención, convivencia y contexto digital

El Gobierno porteño intensificó tareas de supervisión en instituciones y reforzó acciones vinculadas a la convivencia. Más de veinticinco episodios en la Ciudad requirieron intervención del Ministerio Público Fiscal.

Las autoridades vinculan la expansión del fenómeno con dinámicas digitales. "Son tendencias virales que convierten la violencia en contenido", advirtió Macri. En ese marco, el mandatario señaló que la generación actual enfrenta presión por exposición en redes, lo que impacta en ansiedad e inseguridad.

El mandatario pidió mayor involucramiento de las familias. "Necesitamos volver a hablar, preguntar y escuchar", expresó. También mencionó acuerdos con hogares para postergar el uso de celulares y supervisar hábitos digitales. Según datos oficiales, más de cuarenta y ocho mil familias firmaron compromisos en ese sentido.

El esquema porteño tiene diferencias con otras jurisdicciones. En la Provincia de Buenos Aires, las pautas enfatizan rapidez de respuesta y establecen que ninguna amenaza puede minimizarse o considerarse una broma.

Mendoza suma la obligación de informar a las familias tras cada episodio, incorpora modelos de comunicación institucional y dispone medidas preventivas como asistencia sin mochilas durante un período, además de dispositivos de apoyo en salud mental y seguimiento de señales de alerta.

En la Ciudad, la normativa no incluye controles visibles sobre pertenencias. El enfoque prioriza la intervención institucional, la articulación con autoridades y la participación de fuerzas de seguridad ante riesgos concretos.

Macri cerró con un mensaje dirigido a familias y docentes. "Sabemos que hay angustia y queremos llevar tranquilidad. Los tres poderes del Estado tienen el compromiso de cuidar la vida, la seguridad y la educación de niños, niñas y adolescentes", afirmó.