La disputa judicial por la investigación de la fastuosa quinta de Pilar atribuida a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo en los tribunales federales. El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, respaldó el recurso que busca que el expediente deje el juzgado federal de Campana y vuelva al fuero en lo Penal Económico.

Villar sostuvo ante Casación la apelación presentada por el fiscal general ante la Cámara Federal de San Martín, Carlos Cearras. Ambos cuestionan que la causa se tramite en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

La disputa por la competencia

Lo que se debate en esta etapa es qué tribunal debe investigar el presunto caso de lavado de dinero vinculado con la propiedad. Las defensas del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, sostienen que el expediente debe tramitar en Campana porque la quinta está ubicada en Pilar, dentro de esa jurisdicción.

Los fiscales Cearras y Villar, junto con el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, plantean lo contrario. Entienden que la investigación debe permanecer en ese fuero porque la hipótesis central apunta a que los fondos para adquirir la propiedad habrían salido de la AFA, cuya sede está en la ciudad de Buenos Aires.

Según ese criterio, en un caso de presunto lavado de dinero no determina la competencia el lugar donde se encuentra el bien investigado, sino el punto desde donde se habría originado la maniobra.

Cómo llegó el expediente a Casación

La causa llegó a la Cámara Federal de Casación Penal luego de un fallo de la Cámara Federal de San Martín que resolvió que el expediente debía tramitar en el juzgado federal de Campana.

Esa decisión fue apelada por Cearras, quien sostuvo que la Cámara de San Martín no debía resolver la disputa. Según su planteo, la discusión sobre la competencia debía dirimirse en el fuero Penal Económico, ya que ese fue el tribunal que tenía originalmente el expediente.

El fiscal Villar decidió respaldar esa postura y mantuvo el recurso presentado por Cearras ante la Casación.

Excusaciones y nueva integración

La definición quedó en manos de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, aunque su integración se modificó durante el trámite.

El juez Carlos Mahiques se apartó del expediente luego de que se conociera que había celebrado un cumpleaños en la quinta atribuida a Toviggino.

También se excusó el juez Daniel Petrone. Argumentó que mantiene vínculos sociales con el empresario Javier Faroni, investigado en una causa conexa vinculada al manejo de fondos de la AFA en el exterior, y que además ambos comparten la "comunidad educativa" de sus hijos.

Así, la decisión quedó en manos de Ledesma y del juez Javier Carbajo. Si ambos coinciden podrán resolver la disputa con sus votos; si mantienen posiciones diferentes, deberá sortearse un tercer magistrado para desempatar.

Qué investiga la causa

La investigación busca determinar quiénes son los verdaderos dueños de una quinta situada en Villa Rosa, partido de Pilar. El predio tiene unas cinco hectáreas y está valuado en unos 20 millones de dólares.

La propiedad cuenta con helipuerto, caballerizas, instalaciones deportivas y un amplio garage con vehículos de alta gama, motos y kartings de competición.

En los registros figuran como dueños Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, vinculados a la firma Real Central. Pantano es un exdirigente de la AFA inscripto como monotributista y Conte es jubilada.

La justicia analiza si ambos actuaron como posibles testaferros, ya que su perfil económico no se condice con el valor de la propiedad.

Las medidas en la investigación

Entre los elementos incorporados al expediente figura el secuestro de 54 vehículos de lujo y colección en la propiedad de Villa Rosa: 45 autos, 7 motos y 2 kartings de competición.

Entre los autos hallados se mencionan un Porsche 911 Carrera 4 GTS 2025, un Audi R8 Plus, Ferrari y Mustang V8.

En el expediente también consta que Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA con la que se pagaban los Telepase de esos vehículos. Varios de ellos tenían además cédulas azules a nombre de familiares de Toviggino.

Cuando el expediente estuvo en el fuero Penal Económico, el juez Aguinsky avanzó con distintas medidas de prueba. Analizó las sociedades vinculadas con la quinta, reconstruyó la historia de la propiedad y tomó declaraciones.

Tras el traslado de la causa a Campana, el juez González Charvay ordenó nuevas medidas de prueba. Dispuso unas 30 órdenes de presentación con pedidos de información a organismos públicos y empresas privadas y ordenó tres pericias sobre documentación ya incorporada al expediente.

Una de esas diligencias se dirigió al aeropuerto de San Fernando para obtener información sobre vuelos en helicóptero que habrían tenido como destino la propiedad investigada.