La Corte Suprema de Justicia dejó firme la actualización del decomiso en la causa Vialidad: Cristina Kirchner y el resto de los condenados deberán responder por $685 mil millones. La decisión rechazó el planteo de la expresidenta contra el criterio usado para recalcular la suma fijada en la sentencia original.

El fallo no volvió sobre la condena ni sobre la responsabilidad penal de los acusados. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por inadmisible la queja presentada por la defensa de Cristina Kirchner y cerraron, en esta instancia, la discusión sobre el monto central del decomiso.

Un rechazo breve, con efecto concreto

La Corte aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, una vía que le permite rechazar recursos extraordinarios sin desarrollar fundamentos extensos. En su voto, Lorenzetti dejó una aclaración para evitar una lectura más amplia del fallo: la desestimación por esa herramienta "no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida".

Pero sus efectos fueron concretos. La cifra actualizada ya no quedó sujeta al recurso de la defensa de la expresidenta. Además, la Corte le ordenó realizar, dentro de los cinco días de notificada la resolución, el depósito previsto por el artículo 286 del mismo código, bajo apercibimiento de ejecución.

La cifra que quedó en pie

El decomiso original fue fijado el 6 de diciembre de 2022, cuando el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En aquella sentencia, el TOF 2 estableció una suma de $84.835 millones por el perjuicio atribuido a la maniobra investigada. Tras la firmeza de la condena, el tribunal ordenó actualizarla con intervención del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte. El cálculo llevó el monto exacto a $684.990.350.139,86, sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.

La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que la suma inicial era provisoria y cuestionó el uso del IPC como criterio de actualización. Esos argumentos fueron rechazados por el tribunal oral, por la Cámara Federal de Casación Penal y ahora por la Corte.

Los bienes y lo que falta resolver

Todos los condenados deben responder de manera solidaria por el decomiso. Según surge de los planteos del expediente, la orden involucra 111 bienes. El TOF 2 ya empezó con la tasación de algunas propiedades ubicadas en el sur del país, un paso previo a eventuales medidas de ejecución.

El expediente, sin embargo, mantiene discusiones abiertas sobre el alcance de esas medidas. Una de ellas apunta a los bienes de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, por tratarse de la herencia de Néstor Kirchner. Ese punto todavía no fue resuelto por el máximo tribunal.

En segundo plano, la Corte también desestimó un planteo de Lázaro Báez, cuya defensa cuestionaba la competencia del TOF 2 para ejecutar el decomiso. La abogada del empresario, Yanina Nicoletti, sostuvo que ese trámite debía quedar bajo la órbita del TOF 4, que lo condenó en la causa conocida como Ruta del Dinero K.

La obra pública bajo sospecha

La causa Vialidad investigó el reparto de contratos de obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015. El expediente se centró en 51 procesos licitatorios financiados por el Estado nacional y adjudicados al Grupo Austral, la empresa de Báez.

El tribunal oral sostuvo que el esquema incluyó adjudicaciones direccionadas, sobreprecios, modificaciones de obra, redeterminaciones de precios y contratos abandonados pese a los pagos realizados. Para los jueces, esa trama causó un perjuicio patrimonial al Estado y derivó en beneficios indebidos para el empresario.

Por esos hechos fueron condenados Cristina Kirchner, Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, todos a seis años de prisión. También recibieron penas los ex funcionarios Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

Un expediente que sigue abierto en los bienes

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena el 13 de noviembre de 2024. Después, el 10 de junio de 2025, la Corte rechazó los recursos de las defensas y también el planteo fiscal que buscaba agravar las condenas por asociación ilícita.

Desde entonces, el TOF 2 avanzó sobre la ejecución de la pena y sobre la actualización del decomiso. Casación, con las firmas de Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, avaló luego la competencia del tribunal oral y el criterio usado para recalcular la cifra.

La nueva resolución de la Corte cerró esa discusión puntual. El expediente mantiene planteos abiertos sobre el alcance de la ejecución patrimonial. La discusión sobre el monto, en cambio, quedó cerrada para esta instancia.