La Corte Suprema ordenó al Gobierno Nacional poner en marcha de forma inmediata la Ley de Financiamiento Universitario luego de rechazar por unanimidad un recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Capital Humano. La decisión reactivó el conflicto por la aplicación de la norma, que según el Poder Ejecutivo demandaría entre 1,3 y 3,6 billones de pesos.

La Ley N°27.795 volvió al centro de la discusión política y judicial porque la administración de Javier Milei sostiene que el Congreso la sancionó sin especificar de qué partidas saldrían los fondos. La Casa Rosada ratificó que priorizará el superávit fiscal y cuestionó el impacto presupuestario de la medida.

El Ejecutivo sostuvo que la sanción de la ley contradice el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que toda norma que implique un gasto extra detalle su fuente de financiamiento. Según la interpretación oficial, si el Congreso no precisa esos recursos, la única alternativa sería ordenar emisión monetaria, un camino que, para la administración nacional, generaría "más inflación" y "desestabilizaría" el plan económico del ministro Luis Caputo.

La respuesta de los gremios docentes

Referentes de la Asociación Gremial de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) rechazaron la postura oficial y celebraron el fallo judicial.

La secretaria adjunta de AGD-UBA, Ileana Celotto, aseguró que el Gobierno "pretende no pagar" y vinculó esa postura con el veto presidencial, que "no entró por ninguna de las dos Cámaras", y con el intento de "terminar con la Ley" a través de un artículo incluido en el presupuesto, que "tampoco fue aceptado por el Parlamento".

"Este fallo de la Corte Suprema salió porque el acta no conforma a la masa de docentes y no docentes. Se armó un repudio generalizado en todo el país donde se armaron grupos de convocatorias y se comenzó un repudio muy grande desde las bases de cada federación. Se empezó a generar un debate y un ánimo de que en agosto, cuando comience el segundo cuatrimestre, se vuelva a retomar el plan de lucha", indicó Celotto.

La dirigente también rechazó el argumento oficial sobre la falta de recursos para cumplir con la ley.

"Es muy fácil decir de dónde sale la plata: el Gobierno vive haciendo pre-vendas y concesiones a otros sectores económicos, no a los trabajadores. Por lo tanto, si quiere, yo le digo al Gobierno Nacional de dónde sale la plata, muy simplemente se puede decir, y lo hemos dicho ya con diversas cuestiones, en diversos momentos", sostuvo.

Celotto afirmó que la resolución de la Corte "fue muy bien recibida por toda la masa de trabajadores" y consideró que el máximo tribunal se pronunció porque "sintió la presión del movimiento".

"Ahora está más claro que nunca que no hay que quedarse con el 21,3%, sino que tenemos que exigir lo que nos corresponde", agregó.

Qué dijo ADUBA sobre el fallo

El secretario general de ADUBA y docente del CBC, Emiliano Cagnacci, sostuvo que la decisión de la Corte Suprema "va en línea de lo que hizo hace dos semanas" respecto del rechazo a la recusación de los jueces y pidió "poner en valor" la Ley de Financiamiento Universitario.

"No se puede elegir qué leyes cumplir y qué leyes no cumplir en democracia. La cautelar trata sobre la cuestión del salario docente, no docente y sobre becas estudiantiles. Con respecto al salario docente y no docente dice que es de carácter alimentario, por eso, la Corte deja en pie lo que primera instancia hizo y lo que la Cámara también realizó con respecto a la cautelar. Es un fallo positivo en función del cumplimiento de la ley", manifestó.

La postura del Gobierno

El Gobierno Nacional sostuvo que el fallo de la Corte Suprema "no resuelve la cuestión de fondo" sobre la constitucionalidad de la Ley de Financiamiento Universitario. La Casa Rosada mantiene su objeción principal: la norma, según su criterio, crea una obligación de gasto sin indicar una fuente concreta de financiamiento.

El Ejecutivo también solicitó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que intensifique las auditorías sobre la utilización de los fondos en todas las facultades autónomas.