Estados Unidos ya no es lo que solía ser. La potencia que durante décadas proyectó estabilidad institucional -incluso con sus contradicciones- muestra hoy un perfil difícil de reconocer. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, las relaciones con Europa han alcanzado niveles de tensión sin antecedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Las ambiciones territoriales sobre Groenlandia, el Canal de Panamá o incluso Canadá se expresan sin eufemismos ni disimulos diplomáticos, y lo mismo podemos decir del conflicto con Irán. La fascinación del presidente por liderazgos autoritarios pone en entredicho décadas de retórica democrática que Estados Unidos exportó al mundo como si fuera un bien propio.

En ese contexto, el politólogo B. Guy Peters publicó en febrero de 2026 un ensayo de una franqueza poco habitual en la literatura académica. Escribir sobre política pública en Estados Unidos es hoy, afirma, "difícil y doloroso": difícil porque las políticas cambian de un día para el otro; doloroso porque lo que se construyó durante décadas se desmonta con velocidad inusitada.

Peters organiza su análisis en torno a tres fenómenos que, combinados, explican el deterioro de la capacidad de gobierno: la polarización extrema entre partidos, la politización de las instituciones, y la proliferación de lo que llama "ideas zombi". A estos tres, añadiremos un cuarto que Peters no desarrolla explícitamente pero que actúa como amplificador de todos los anteriores: el cambio tecnológico. Los cuatro merecen ser examinados por separado, aunque en la práctica se refuerzan entre sí.

I. Polarización: cuando el consenso se vuelve imposible

Todo sistema político estable funciona sobre la base de consensos mínimos entre sus actores. El diseño institucional norteamericano -división de poderes, federalismo, sistema de frenos y contrapesos- exige cooperación entre actores con intereses distintos, incluso cuando un solo partido controla las dos cámaras y la presidencia. Durante gran parte del siglo XX, esa cooperación fue posible porque había republicanos moderados y demócratas conservadores que facilitaban acuerdos transversales.

Ese solapamiento con consensos extendidos, desapareció. El ascenso del Tea Party en 2010 puede señalarse como el punto de inflexión hacia una polarización que ya no es solo electoral sino institucional. El resultado práctico es que legislar se vuelve casi imposible sin mayorías absolutas, y que incluso con mayorías, la cohesión interna de cada partido se convierte en una condición frágil. El cierre parcial del gobierno federal cada vez que el Congreso se demora en aprobar el presupuesto ilustra el mecanismo: en un sistema que requiere cooperación, la negativa a cooperar se convierte en una herramienta de bloqueo. Y los bloqueos generan malestar en la opinión pública.

La polarización no es solo un problema de gestión legislativa. Cuando cada decisión se percibe como una victoria o una derrota en una guerra cultural, el espacio para la deliberación racional sobre política pública se reduce drásticamente. Los datos de aprobación de marzo de 2026 ilustran el cuadro: Trump ronda el 39% de aprobación, con el 27% de estadounidenses que dice apoyar la mayoría de sus políticas, según Pew Research. La base republicana permanece cohesionada -cerca del 90% de aprobación dentro del partido- pero entre los independientes la cifra se desploma al 29%. El patrón es el de un presidente que gobierna para su coalición y contra el resto: exactamente lo que hace imposible el consenso que el sistema institucional requiere para funcionar.

Esa fotografía proyecta ya su sombra sobre las elecciones legislativas de noviembre de 2026. Los demócratas necesitan recuperar apenas tres escaños para reconquistar la mayoría en la Cámara Baja, y las proyecciones actuales los favorecen con alrededor del 69% de probabilidades. Si esa tendencia se mantiene, Trump podría enfrentar sus últimos dos años con un Congreso hostil, lo que agravaría aún más el bloqueo institucional que Peters identifica como rasgo definitorio del momento.

II. Instituciones capturadas: la erosión de los árbitros

El segundo diagnóstico apunta a algo más profundo: la pérdida de neutralidad de las instituciones que, en teoría, deben funcionar como árbitros del sistema.

La politización de la Corte Suprema no es nueva -los politólogos llevan más de sesenta años documentando las inclinaciones ideológicas de los jueces- pero sí se ha vuelto más visible y más reconocida por la ciudadanía. Solo alrededor del diez por ciento de los estadounidenses declara tener "mucha confianza" en la Corte, según datos recientes. Cuando la institución encargada de interpretar la Constitución pierde legitimidad percibida, todo el sistema queda más expuesto.

La ofensiva contra el servicio civil federal es el segundo frente. El relato del "Estado profundo" tiene raíces reales en tensiones legítimas sobre el control democrático de la administración. Pero la respuesta del gobierno -reducción masiva de personal, eliminación de agencias, reemplazo de funcionarios técnicos por leales políticos- no resuelve esa tensión: la desplaza hacia otro extremo, sacrificando capacidad técnica acumulada durante décadas en nombre de la lealtad. Las burocracias profesionales no son un obstáculo a la democracia; son una de sus condiciones de posibilidad.

El uso del aparato de justicia penal como instrumento político -imputaciones a adversarios, indultos a aliados- completa el cuadro. Frente a este escenario, la opinión pública refuerza su desconfianza en las instituciones que podrían encuadrar o moderar el conflicto. Es un círculo vicioso con poca salida visible.

Vale la pena detenerse en un punto que suele pasarse por alto en las discusiones sobre la burocracia: la capacidad técnica acumulada en el Estado no es un accidente histórico, sino el resultado de décadas de inversión en formación, procesos y conocimiento institucional. Cuando esa capacidad se destruye en nombre de la lealtad política, el costo no es solo administrativo: es estratégico. Un Estado sin memoria técnica no puede diseñar políticas complejas, no puede aprender de sus errores, no puede anticipar consecuencias de segundo orden. Lo que queda es un aparato que ejecuta órdenes, pero que ha perdido la capacidad de advertir cuándo esas órdenes son contraproducentes. La ironía es que la narrativa del "Estado profundo" -que acusa a la burocracia de obstaculizar la voluntad popular- termina produciendo exactamente lo que dice combatir: una administración incapaz de servir al interés público.

III. Ideas zombi: el retorno de lo que ya fracasó

El tercer elemento del diagnóstico es quizás el más original. Peters define las "ideas zombi" como propuestas de política que han sido implementadas, evaluadas y encontradas ineficaces, pero que reaparecen en la agenda una y otra vez. No se trata de ideas nuevas mal pensadas, sino de ideas viejas y repetidamente fracasadas que encuentran nuevos portavoces.

En el caso de la administración Trump, Peters identifica dos casos paradigmáticos. El primero es la creencia de que los recortes impositivos -especialmente para los sectores más ricos y para las corporaciones- producen crecimiento económico generalizado. Esta proposición, central en el reaganismo de los años ochenta, fue implementada en 2017 con la Tax Cuts and Jobs Act. La evidencia acumulada, incluyendo estudios del propio Congreso, sugiere que el efecto sobre el crecimiento fue modesto y que los principales beneficiarios fueron los accionistas, no los trabajadores. El déficit federal, en cambio, creció de manera significativa.

El segundo caso son los aranceles como instrumento de reindustrialización. El último experimento comparable fue el Smoot-Hawley de 1930, implementado para frenar la Gran Depresión con resultados que la historia económica juzga negativamente. La teoría de que proteger industrias nacionales mediante barreras comerciales genera empleo sostenible y crecimiento a largo plazo cuenta con escaso respaldo en la literatura económica contemporánea.

La pregunta relevante no es solo por qué estas ideas reaparecen, sino por qué siguen funcionando políticamente. Peters ofrece una respuesta: los "emprendedores políticos" -líderes capaces de reencuadrar viejas propuestas con retórica nueva- son el principal mecanismo de transmisión. En un entorno de alta polarización y baja confianza institucional, las ideas simples y emocionalmente potentes llevan ventaja sobre los análisis matizados, con independencia de su respaldo empírico. La lógica es brutal: poco importa que una idea haya fracasado antes, si logra resonar con el malestar del presente. Las ideas zombi no ganan el debate intelectual. Ganan las elecciones.

IV. La tecnología como acelerador

Los tres fenómenos que describe Peters encuentran en la tecnología un amplificador de primer orden. No es que la tecnología los haya causado, pero los ha acelerado y profundizado de maneras que ningún marco teórico anterior podía anticipar plenamente.

El vínculo entre redes sociales y polarización está entre los más documentados de la última década. Los algoritmos de plataformas como X, Facebook o YouTube están diseñados para maximizar la atención del usuario, y la evidencia muestra que el contenido que más atención genera es el que activa emociones intensas: indignación, miedo, identidad amenazada. El resultado es la formación de cámaras de eco en las que los ciudadanos consumen información que confirma sus creencias preexistentes. Un estudio del MIT Media Lab mostró que las noticias falsas se propagan en redes hasta seis veces más rápido que las verdaderas.

Las redes también han transformado la relación entre líderes y bases. Trump fue el primer presidente en gobernar, en parte, mediante Twitter: anuncios de política exterior, despidos de funcionarios y ataques institucionales en tiempo real, saltando los canales formales. Esa dinámica creó un modelo de liderazgo hiperpersonalizado en el que la lealtad al líder reemplaza a la lealtad a la institución. Cuando Elon Musk -el hombre más rico del mundo y propietario de la principal plataforma de comunicación política- se convierte además en responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), la concentración de poder tecnológico y poder político alcanza una simbiosis sin precedentes.

Eso remite a una pregunta que la teoría democrática nunca tuvo que formularse con esta urgencia: ¿quién controla las condiciones en las que se forman las opiniones políticas del ciudadano? Las grandes plataformas determinan qué información circula, con qué velocidad y hacia qué audiencias, sin rendir cuentas ante ningún mecanismo democrático. Esa capacidad de moldear el entorno informativo es una forma de poder político radicalmente nueva. Y opera antes de que comience cualquier proceso formal de deliberación: no condiciona el debate, lo precede.

La automatización añade una dimensión económica que no puede separarse del malestar político. Las comunidades más afectadas por la pérdida de empleos industriales son precisamente las que conforman la base electoral del trumpismo. Para esos trabajadores, la promesa de reindustrialización -aunque sea mediante aranceles de dudosa eficacia- tiene una lógica emocional poderosa, aunque carezca de lógica económica. La automatización no explica por sí sola por qué las ideas zombi funcionan políticamente, pero sí explica por qué encuentran una audiencia tan receptiva.

Un sistema que ya no puede deliberar

Los cuatro fenómenos no son independientes: se retroalimentan. La polarización extrema destruye las condiciones para construir coaliciones que permitan legislar. La politización institucional elimina los frenos que podrían moderar las políticas más extremas. Las ideas zombi prosperan precisamente cuando los árbitros que deberían señalar sus inconsistencias -académicos, jueces, periodistas- han perdido credibilidad o autonomía. Y la tecnología actúa como acelerador de todos los anteriores.

El diagnóstico de Peters no es catastrofista, pero sí es serio. Lo que describe no es una crisis coyuntural provocada por un presidente particular, sino el resultado de tendencias estructurales que llevan años acumulándose y que Trump no causó, aunque sí encarna y profundiza. Su valor analítico reside menos en la novedad de cada elemento por separado que en mostrar cómo su combinación produce algo cualitativamente distinto: un Estado que no puede deliberar, cuyos árbitros han perdido neutralidad, cuyas políticas ignoran la evidencia disponible, y cuyo entorno informativo desincentiva la razón en favor de la emoción.

Un sistema con esas características no enfrenta solo problemas de eficacia. Enfrenta un problema de legitimidad. Y la legitimidad, a diferencia de una política pública, no se restaura con un decreto ni con un cambio de gobierno. Se construye lentamente, durante años, a través de instituciones que funcionan, de debates que informan y de líderes que gobiernan para el conjunto y no solo para su coalición. Todo lo contrario, en suma, de lo que Peters observa hoy en Estados Unidos.

La pregunta que queda abierta -y que ningún modelo teórico responde todavía con satisfacción- es si ese deterioro tiene un punto de retorno, o si estamos ante algo más parecido a un cambio de régimen que a una crisis pasajera.

Para quienes miramos este proceso desde afuera, la pregunta no es solo académica. Estados Unidos sigue siendo el referente institucional -con todas sus imperfecciones- de las democracias liberales occidentales. Si ese referente pierde solidez, el efecto demostración no tarda en llegar. Ya lo estamos viendo: en Europa, en América Latina, el debilitamiento de las normas democráticas se justifica cada vez más con el argumento de que "así lo hacen en Estados Unidos". El deterioro de una democracia de referencia no es un problema local. Es un problema global.

* Doctor en Administración Pública y profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Torcuato Di Tella y en la UNLZ. Ha publicado trabajos sobre evaluación de políticas públicas, reforma del Estado y administración comparada.