La corrupción dejó de ser hace tiempo un fenómeno aislado en la Argentina para transformarse en uno de los principales factores de deterioro democrático. Gobiernos de distintos signos políticos, funcionarios, empresarios y operadores del poder fueron construyendo durante décadas una cultura de impunidad que terminó erosionando la dimensión ética de la política.

Los casos de corrupción no dan tregua al gobierno de Javier Milei. Viajes, propiedades, pagos en efectivo y distintas denuncias vuelven a colocar bajo sospecha a funcionarios de la actual administración. El caso que involucra a Manuel Adorni y otras denuncias que rodean al oficialismo golpean especialmente a un gobierno que llegó al poder levantando como bandera la transparencia y la crítica frontal a la corrupción kirchnerista.

Pero el problema es mucho más profundo que una coyuntura o un gobierno determinado.

En 1983, con el retorno de la democracia y el triunfo de Raúl Alfonsín, la Argentina comenzó a reconstruir las bases institucionales destruidas por la dictadura militar. Más allá de las dificultades económicas, existía entonces una fuerte valoración de la ética pública, del pluralismo político, de la convivencia democrática y de la libertad de opinión.

Con el paso de los años, aquella dimensión ética fue perdiéndose lentamente.

Uno de los cambios más preocupantes fue el deterioro del pluralismo político y la creciente tendencia a considerar al adversario como un enemigo. Esa lógica fue debilitando instituciones, erosionando el respeto por la prensa libre y degradando organismos fundamentales del sistema democrático.

A partir de los años 90, además, comenzó a consolidarse otro fenómeno corrosivo: la naturalización de la corrupción dentro del Estado.

La creación de empresas fantasmas, los escándalos en el PAMI, el contrabando de armas, los sobresueldos, los sobornos legislativos, el "corralito", los sobreprecios en la obra pública, los bolsos con dólares, la causa de los cuadernos, las irregularidades en concesiones, seguros y organismos estatales, forman parte de una larga cadena de episodios que atravesó distintos gobiernos y terminó generando una profunda desconfianza social.

La corrupción no distingue ideologías. Tampoco reconoce fronteras partidarias. Es un fenómeno político, económico y cultural que debilita las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo y destruye la credibilidad de la dirigencia.

Hoy la inflación continúa siendo una de las principales preocupaciones de los argentinos, pero junto a ella aparece otro flagelo persistente: la corrupción estructural.

Porque cuando la corrupción se instala como sistema, la democracia comienza a vaciarse de contenido moral.

Recibimos con esperanza la sanción de la Ley de Ética Pública, que buscaba fortalecer los mecanismos de control y construir una democracia más transparente. Sin embargo, con el tiempo quedó demostrado que las leyes, por sí solas, no alcanzan cuando falta voluntad política y compromiso moral de quienes ejercen el poder.

Resulta vergonzoso observar la cantidad de hechos de corrupción denunciados, investigados o condenados en las últimas décadas. Por eso la lucha contra los responsables debe ser implacable, cualquiera sea el signo político de los involucrados.

Vale la pena recordar las durísimas palabras del Papa Francisco contra los corruptos. Poco antes de morir, Francisco advirtió que la corrupción funciona como una adicción moral que termina destruyendo la dignidad de las personas.

"El corrupto camina por la vida por los atajos del ventajismo, y tiene cara de yo no fui y de estampita", decía Bergoglio.

Francisco entendía que la corrupción no era solamente un delito económico, sino una degradación ética capaz de destruir las bases mismas de la convivencia democrática.

La corrupción manifiesta hoy es la práctica de antivalores. En la antigua Grecia, y luego en Roma, no existía en los filósofos otra exigencia más sobresaliente que la ética para el ejercicio de un cargo público, para el gobierno de un pueblo. "Los que gobiernan un Estado no tienen mejor medio para ganarse fácilmente la benevolencia de la multitud que la moderación y el desinterés" de la riqueza, de los privilegios o de los favores, aconsejaba Cicerón a los políticos en su tratado sobre los deberes.

Hay que tratar de lograr lo que planteaba Platón en su famosa obra "La República": que la política no degenere en intrigas, en corrupción y en arbitrariedades. Platón sostuvo que para que eso no pasara se debe proceder con principios éticos fundamentales, que obligan al político a ser justo y a tener como verdadera motivación el bien común de sus súbditos.

Tal vez allí esté el gran desafío argentino: recuperar no sólo instituciones eficientes, sino también una ética pública capaz de reconstruir la confianza social perdida.

Porque nada debería estar más claro en el ejercicio de la política y de la función pública que el valor de la honestidad. Sin embargo, pocas cosas aparecen hoy tan difusas en la realidad argentina.