La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para acceder a información contable y financiera que, según afirmó, la entidad no presentó en los plazos requeridos. La medida fue formalizada mediante una resolución firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, que aludió a la existencia de "graves irregularidades".

El foco en los balances y fondos bajo análisis

La veeduría requerida apunta al examen de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025 y a la reconstrucción de partidas económicas incluidas en los balances de la AFA y de la Superliga entre 2017 y 2024.

Según los requerimientos del organismo, se pidió información para determinar el destino de USD 450 millones consignados en esos registros. La IGJ señaló dudas sobre USD 111 millones atribuidos a la AFA y otros USD 348 millones vinculados a la Superliga, por lo que solicitó precisiones sobre deudas, inversiones y movimientos financieros.

El plazo otorgado para ampliar esa documentación venció sin que la AFA realizara presentación alguna, mientras que la Superliga sí respondió al requerimiento.

Una veeduría, no una intervención

La IGJ aclaró que la medida tiene carácter informativo y no implica una intervención directa sobre la conducción de la entidad.

Vítolo sostuvo en declaraciones a la prensa que "la intervención solicitada en grado de veeduría no implica sanción ni prejuzgamiento alguno", sino la necesidad de contar con información "completa y verificable para determinar si corresponde adoptar medidas adicionales".

Los representantes que se designen tendrán facultades para revisar libros societarios, documentación contable y soportes de las operaciones registradas, en el marco de las atribuciones de control previstas por la Ley 22.315 y la normativa aplicable a asociaciones civiles.

Contratos comerciales y flujo de derechos

Otro eje del pedido consiste en auditar las relaciones comerciales y financieras de la AFA con TourProdEnter LLC, con los empresarios Javier Faroni y Erica Gillette, con Sur Finanzas S.A. y con sociedades vinculadas al denominado Grupo Sur Finanzas, entre ellas las relacionadas con Ariel Vallejo.

La IGJ requirió que se informen los montos percibidos por TourProdEnter como comercializador de derechos, las rendiciones de cuentas de esos contratos y las remesas enviadas o recibidas desde el exterior, con el objetivo de reconstruir el circuito completo de ingresos derivados de la explotación comercial.

La Universidad de la AFA, otro punto bajo revisión

El organismo también dispuso auditar el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), una institución educativa impulsada por la asociación.

La revisión comprenderá la documentación sobre adquisición de inmuebles, equipamiento, estructura patrimonial, designación de autoridades y convenios firmados con terceros, con el fin de verificar la regularidad jurídica y financiera del proyecto.

La disputa por el domicilio y la jurisdicción de control

El avance de la IGJ se produce después de que el organismo rechazara la inscripción de un cambio de domicilio de la AFA hacia la provincia de Buenos Aires.

Según Vítolo, el traslado no cumplió con los requisitos legales y se declaró una sede donde la entidad no desarrollaba su administración efectiva.

"La realidad es la única verdad, y la AFA no ha mudado en realidad su domicilio a la Provincia de Buenos Aires y mantiene hoy su sede social en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", afirmó el funcionario.

Esa definición mantuvo a la asociación bajo la fiscalización de la IGJ. De haberse validado el cambio, el control habría pasado a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

Designación pendiente

La designación de los veedores queda ahora a resolución del Ministerio de Justicia. Una vez definidos, deberán producir informes técnicos sobre la situación contable, financiera e institucional de la AFA.

Según lo señalado en las actuaciones, la entidad podrá adoptar las vías legales que considere pertinentes frente a la medida.