El juez en lo Penal Económico Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino en una causa por presunta retención indebida de tributos y recursos de la seguridad social. La resolución incluyó la prohibición de salida del país para ambos dirigentes.

Tapia deberá presentarse el 5 de marzo, mientras que Toviggino lo hará el 6 de marzo, según la convocatoria judicial. La medida alcanza también a Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Roberto Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez.

El origen de la causa

La investigación se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), presentada el 12 de diciembre de 2025 y ampliada seis días después. El expediente analiza hechos ocurridos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El organismo sostuvo que la AFA actuó como agente de retención de tributos nacionales y aportes previsionales, pero no depositó los montos dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores a cada vencimiento. Los conceptos involucrados incluyen IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.

Según la presentación, se investigan 69 hechos independientes por un monto acumulado de $19.353.546.843,85.

La acusación fiscal

ARCA afirmó que los importes retenidos "no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención", por lo que su falta de ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos.

El organismo encuadró los hechos en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario, que prevén penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no ingresen al fisco los montos retenidos cuando superan los mínimos legales.

También sostuvo que el delito se configura por omisión, dado que "el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención" y se materializa en la falta de depósito en tiempo oportuno.

El rol de la conducción y del área financiera

La denuncia señaló que las decisiones vinculadas al pago de impuestos dependían de la mesa directiva. En ese esquema, el tesorero intervenía en la instrucción de pagos y en la operatoria financiera, mientras que el presidente y otras autoridades participaban de la administración general y la firma de los estados contables.

ARCA indicó además que la falta de ingreso de los fondos se habría extendido durante 19 meses consecutivos, lo que -según su planteo- permite descartar un incumplimiento aislado o meramente administrativo.

Montos y movimientos bajo análisis

En la denuncia inicial se consignaron obligaciones impagas por $7.593.903.512,23, divididas entre retenciones impositivas y de la seguridad social. La ampliación posterior agregó otros $11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera así los $19.300 millones.

Entre las pruebas ofrecidas figuran informes bancarios que registran acreditaciones en cuentas de la AFA y la constitución de plazos fijos en pesos y en moneda extranjera. Para el organismo, esos movimientos evidencian la "capacidad fáctica" de disponer de fondos para cumplir con las obligaciones fiscales.

Con la citación a indagatoria ya dispuesta, los dirigentes deberán presentarse ante el juzgado para conocer las pruebas reunidas en su contra y ejercer su defensa en el marco de la causa CPE 1182/2025.