El traspaso de la Justicia del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires sufrió su primer revés judicial.

El juez Herman Mendel, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 30, aceptó una medida cautelar presentada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y suspendió tanto el acuerdo firmado entre el Estado Nacional y el Gobierno porteño como los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral.

El sindicato es conducido por Julio Piumato y agrupa a los trabajadores de los tribunales nacionales, los principales afectados por la transferencia prevista en la norma.

Acuerdo entre Nación y Ciudad

El convenio entre el gobierno de Javier Milei y el de Jorge Macri establecía el traspaso de una parte del fuero laboral a la órbita porteña y la desaparición de otra, con un período de transición para resolver las causas que los juzgados nacionales llevan actualmente.

También delimitaba las responsabilidades administrativas y presupuestarias de cada jurisdicción para garantizar la continuidad del servicio de justicia, y precisaba qué materias quedaban excluidas del traspaso: los conflictos colectivos de trabajo seguirían bajo órbita federal.

Además, el acuerdo contemplaba la designación de nuevos magistrados locales para consolidar la estructura judicial de la Ciudad una vez completada la transferencia.

El fallo establece la suspensión de la totalidad de los efectos del acuerdo de transferencia.

En la práctica, eso implica que los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral quedan sin efecto hasta que se resuelva el fondo del asunto.

El artículo 91 era el más sensible, dado que preveía la disolución de 30 juzgados y una sala de la Justicia Nacional del Trabajo en un plazo de 180 días.

Alerta entre los trabajadores judiciales

El gremio no solo cuestionó la constitucionalidad del traspaso, sino que reclamó expresamente la estabilidad laboral de las personas afectadas.

Según la UEJN, unos 1.600 empleados que integran la Justicia Nacional del Trabajo quedarían en una situación de incertidumbre si la norma avanzara sin garantías concretas sobre sus condiciones de trabajo y continuidad en sus cargos.

La disolución de los juzgados en 180 días no preveía, según el gremio, un mecanismo claro de reabsorción del personal.

El Gobierno apelará y quiere cambiar el tribunal

La decisión no quedará firme sin resistencia. El Gobierno nacional ya anticipó que apelará el fallo de Mendel y buscará que el debate judicial sobre el traspaso sea absorbido por el fuero contencioso administrativo federal, considerado más favorable para los intereses del Ejecutivo.

Ese planteo no es nuevo: la Fiscalía ya lo había formulado ante el propio juez Mendel durante la tramitación de la cautelar, sin éxito.

La estrategia oficial apunta a sacar la discusión del fuero laboral, donde históricamente los sindicatos tienen mayor influencia, y llevarla a un ámbito que el Gobierno considera más neutral.

La CGT profundiza su ofensiva judicial

El freno al traspaso se produce en el marco de una ofensiva judicial más amplia de la Confederación General del Trabajo contra la reforma.

En paralelo a la cautelar del gremio judicial, la central obrera presentó su propio planteo ante la Justicia del Trabajo para suspender 64 artículos de la misma ley. La presentación lleva las firmas de los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, con patrocinio del abogado Pablo Topet.

Se trata de una ofensiva en dos frentes: la CGT ya tenía una acción iniciada en el fuero Contencioso Administrativo, donde aún espera definiciones, y ahora suma este nuevo planteo en el fuero laboral.

Los 64 artículos cuestionados por la central abarcan tanto derechos individuales como colectivos de los trabajadores.

Según el escrito, esas disposiciones "vulneran derechos humanos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional".

La CGT también cuestiona el proceso de aprobación de la ley en el Congreso. Sostiene que el tratamiento fue exprés, sin la intervención de todas las comisiones correspondientes y con irregularidades de procedimiento.

Otro eje del reclamo señala una "notoria irrazonabilidad" entre los objetivos declarados por el Gobierno (creación de empleo, reducción de la informalidad, baja de la litigiosidad) y las herramientas concretas elegidas para alcanzarlos.

Finalmente, la central remarca que la reforma retoma el espíritu del DNU 70/23, previamente declarado inconstitucional de forma unánime por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y que esta vez el Ejecutivo intentó blindarla dándole forma de ley, aunque con un trámite legislativo que la CGT considera igualmente viciado.