La Libertad Avanza acelera en Diputados la reforma penal juvenil y los cambios en la Ley de Glaciares
El bloque oficialista ordenó su estrategia legislativa para avanzar en dos proyectos sensibles del temario extraordinario. El Gobierno insistirá con bajar la edad de imputabilidad a 13 años y buscará modificar el régimen ambiental para destrabar inversiones mineras.
El bloque de La Libertad Avanza se reunió este martes en la Cámara de Diputados para coordinar el abordaje legislativo de las próximas semanas, con especial foco en la reforma del Régimen Penal Juvenil y en las modificaciones a la Ley de Glaciares, dos iniciativas clave del temario de sesiones extraordinarias.
El encuentro fue convocado por el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, y se desarrolló pasadas las 18 en el Salón Blanco del Palacio Legislativo, con la presencia de la mayoría de los diputados libertarios. El objetivo central fue avanzar en la conformación de comisiones para habilitar rápidamente el tratamiento de ambos proyectos.
Las discusiones en Diputados se darán en paralelo al inicio del debate en el Senado de la reforma laboral, proceso que concentra la atención política del oficialismo y que es coordinado por Patricia Bullrich en la Cámara alta.
Reunión de bloque y alineamiento interno
Del encuentro participaron legisladores como Luis Petri, Sebastián Pareja, Lilia Lemoine, Silvana Giudici, Damián Arabia, Karen Reichardt y Sergio "Tronco" Figliuolo. También estuvo presente el secretario de Minería, Luis Lucero, quien expuso los aspectos técnicos del proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares.
La reunión tuvo, además, un componente simbólico: fue la última realizada en el Salón Blanco, ya que el bloque trasladará sus encuentros a una nueva oficina ubicada en el quinto piso del anexo de Diputados.
Régimen Penal Juvenil: insistencia con los 13 años
El debate sobre el Régimen Penal Juvenil se organizará a través de un plenario de comisiones encabezado por Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado, con la participación de Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes y Justicia.
Estas dos últimas comisiones aún no tienen autoridades designadas, una instancia formal que el oficialismo prevé resolver en los próximos días para acelerar el inicio del tratamiento parlamentario.
El Gobierno volverá a impulsar el proyecto original enviado el año pasado, que fija la edad mínima de imputabilidad en 13 años, y dejará de lado el dictamen de consenso alcanzado en mayo, que establecía el umbral en 14.
En el bloque oficialista consideran que el cambio en la composición de la Cámara desde diciembre modificó la relación de fuerzas y fortaleció las chances de aprobar la iniciativa. El clima interno es de confianza, aunque persisten dudas sobre si los tiempos permitirán sancionar la norma dentro del período extraordinario, que finaliza el 27 de febrero, o si el debate se extenderá a las sesiones ordinarias.
Desde el oficialismo sostienen que el sistema vigente muestra falencias estructurales y que la nueva normativa incorporará una mirada centrada en las víctimas, partiendo de la premisa de que, a partir de determinada edad, existe comprensión sobre la gravedad de los actos delictivos.
Resistencias en la oposición
En Unión por la Patria, el rechazo es mayoritario. El principal bloque opositor cuestiona el enfoque punitivo del proyecto y advierte que pretende resolver con herramientas penales problemas de origen social y económico.
No obstante, existen posiciones intermedias dentro del peronismo. Algunos legisladores plantean alternativas que contemplan fijar la edad mínima de imputabilidad en 14 años, desmarcándose de la postura más dura del bloque.
Ley de Glaciares: eje ambiental e inversiones
En paralelo, el oficialismo avanzará con el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, cuyo debate tendrá como cabecera la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, que también deberá definir autoridades e integrantes en los próximos días.
La iniciativa busca trasladar mayor control y regulación a las provincias sobre las actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares, con el objetivo de destrabar inversiones y ampliar la explotación de recursos naturales.
El proyecto se apoya en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, y mantiene la protección estricta de los glaciares.
La principal modificación respecto de la normativa vigente es la eliminación de las prohibiciones en las zonas periglaciares, áreas de alta montaña cercanas a glaciares que cumplen un rol clave en la regulación hídrica y que actualmente presentan fuertes restricciones para el desarrollo de proyectos productivos.
Una agenda cargada para las extraordinarias
Con estos dos proyectos, el Gobierno busca marcar agenda en Diputados mientras el Senado concentra el debate de la reforma laboral. La estrategia apunta a avanzar en iniciativas vinculadas a seguridad, ambiente e inversiones, en un contexto de sesiones extraordinarias atravesadas por negociaciones políticas intensas y resistencias cruzadas.