La Universidad de Buenos Aires convocó a una Marcha Federal Universitaria para el martes 12 de mayo a las 17 en Plaza de Mayo. La protesta exige la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de salarios docentes y no docentes y mayores partidas presupuestarias.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales respaldan la convocatoria. Las entidades confirmaron movilizaciones en distintas ciudades del país con participación de estudiantes, docentes, autoridades académicas y personal no docente. Cada sede universitaria definió puntos de encuentro con consignas comunes.

Desde la UBA difundieron un mensaje dirigido a la comunidad: "Tenemos que volver a ser miles en la calle defendiendo nuestro futuro" y remarcaron: "Ya marchamos. Ya defendimos la educación pública, gratuita y de excelencia. Y lo logramos. Juntos. Sin embargo, decidieron no escucharnos".

Qué reclaman las universidades

El reclamo central incluye la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, aprobada por el Congreso en 2025 y ratificada por la Justicia. Un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó el cumplimiento de los artículos vinculados a salarios y becas.

Las universidades plantean tres ejes: financiamiento, ingresos del personal y funcionamiento del sistema. Las autoridades académicas sostienen que los recursos actuales no cubren gastos básicos ni garantizan el desarrollo de clases y actividades.

También exigen la apertura de paritarias. Desde 2024, las actualizaciones salariales surgen por decisión del Poder Ejecutivo y los gremios las rechazan por insuficientes.

En un comunicado conjunto, el CIN, la FUA y el Frente Sindical de Universidades Nacionales señalaron: "Aún con una ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, el Gobierno Nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen".

Desde el sector sindical advirtieron sobre el deterioro de los ingresos: "Miles de docentes y nodocentes con salarios de miseria, estudiantes con cada vez más dificultades para cursar y becas congeladas".

La postura del Gobierno

El Gobierno nacional cuestionó la movilización y la vinculó con sectores opositores. Fuentes del oficialismo sostuvieron: "Va a ser otra marcha opositora, destituyente, con sindicalistas y kirchneristas. No preocupa en absoluto".

Desde la administración libertaria afirmaron que el Presupuesto 2026 ya cuenta con aprobación y plantearon que las universidades deben mejorar la administración de recursos. "Se gastan la plata en otra cosa y nos culpan por los sueldos", indicaron fuentes oficiales.

El Ejecutivo también evalúa una reforma de la Ley de Educación Superior. La iniciativa apunta a modificar el esquema de asignación de fondos y establecer criterios basados en parámetros objetivos.

Fuentes oficiales indicaron que el proyecto buscará "ordenar la forma en la que se administra y que la asignación de presupuesto sea en base a parámetros objetivos".

Debate por la ley y el financiamiento

El conflicto se centra en la aplicación de la ley vigente y la propuesta alternativa del Gobierno. La normativa actual establece una recomposición salarial cercana al 51%, mientras el proyecto oficial fija aumentos del 12,3% en cuotas.

El oficialismo sostiene que la discusión se resolverá cuando el Congreso trate una nueva ley de financiamiento universitario. Hasta ese momento, mantiene su postura frente al reclamo.

El Gobierno también mencionó incrementos en gastos de funcionamiento y becas. Los gremios rechazan esos datos y sostienen que no compensan la pérdida salarial ni el impacto inflacionario.