El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, mantuvo reuniones en Estados Unidos con autoridades del organismo antilavado de ese país para intercambiar información sobre las investigaciones que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El viaje incluyó encuentros con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y se enfocó en operaciones que ya se encuentran bajo análisis judicial en ambos países.

La agenda del titular de la UIF apuntó a interiorizarse sobre el avance de las causas en el exterior y a entrecruzar datos sobre movimientos financieros considerados sospechosos. Se trató del primer viaje de este tipo desde que Starc asumió al frente del organismo, en abril de 2025.

La causa AFA, bajo doble investigación

Las maniobras bajo investigación no se limitan al ámbito local. En Estados Unidos, la Justicia intervino a partir de las operaciones de TourProdEnter LLC, una firma que se convirtió en agente comercial de la AFA y que giró USD 42 millones a cuatro sociedades sin empleados ni actividad comercial registrada.

En la Argentina, en paralelo, avanzan distintas causas que alcanzan a la cúpula dirigencial de la entidad. El tesorero Pablo Toviggino aparece sospechado de ser el dueño en las sombras de una mansión en Pilar, que la Justicia cree que pudo haber sido adquirida mediante testaferros. Otra investigación sigue los movimientos de Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas y cercano a Claudio "Chiqui" Tapia, por presuntas maniobras con dólar blue y lavado de dinero.

De acuerdo con lo reconstruido por La Nación a partir de diversas investigaciones, los intermediarios comenzaron a operar en 2021, aunque existen indicios de vínculos previos que se remontan a 2018. Estados Unidos y España funcionaron como bases de operación, con al menos nueve bancos involucrados en la circulación de los fondos. Parte del dinero pasó además por Islas Vírgenes Británicas y la isla de Guernsey.

En casi todos los contratos, los intermediarios pactaron honorarios equivalentes al 30% de lo recaudado para la AFA, pese a que, según la documentación, los servicios prestados resultaron mínimos o inexistentes.

El primer impacto financiero

Esta semana se produjo la primera consecuencia concreta del escándalo. Uno de los principales patrocinadores de la AFA resolvió interrumpir el envío de fondos a través de intermediarios y exigió transferencias directas a la asociación, junto con una rendición de cuentas por más de USD 9 millones ya desembolsados.

"Dada la gravedad de los hechos que ahora se informan públicamente, hemos decidido que ya no podemos seguir enviando fondos a TourProdEnter LLC ni a ningún otro intermediario", sostuvo Socios.com, sponsor de la AFA desde 2021. La empresa reclamó que cualquier pago futuro se realice sin intermediarios y con la AFA como destinataria directa.

Avance judicial y pedidos de información

En otra de las causas abiertas, bancos y organismos del Estado comenzaron a responder los pedidos de información del juez en lo Penal Económico, Diego Amarante. El expediente investiga a Tapia, Toviggino y otros dirigentes por la presunta retención ilegal y el no pago de IVA, Ganancias y aportes previsionales por unos $19.000 millones.

La denuncia, impulsada por el Gobierno nacional, se basa en presentaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunta evasión entre marzo de 2024 y diciembre del año pasado. El fiscal Claudio Navas Rial impulsó la investigación e imputó, además, al secretario general Cristian Malaspina y al director general Gustavo Lorenzo. El juez habilitó la feria judicial de enero y solicitó información a bancos, a la ARCA, a la DGI y al Banco Central.

En ese contexto, la AFA y su presidente se presentaron en el expediente para designar abogado defensor. El cruce de información activado entre la UIF y la FinCEN suma así una nueva dimensión internacional a una trama cuyas investigaciones judiciales y financieras exceden el ámbito meramente deportivo.