La Unión Tranviarios Automotor (UTA) elevó la tensión en el conflicto que mantiene con el Gobierno y las empresas del sector al advertir que "la paz social peligra" si no avanzan las negociaciones salariales. 

El gremio que lidera Roberto Fernández envió una carta al Ministerio de Economía en la que reclamó una recomposición de haberes y cuestionó el esquema de distribución de subsidios para el transporte público.

El sindicato planteó que los choferes atraviesan una situación crítica y exigió una respuesta concreta a los pedidos de actualización salarial que, según indicó, permanecen sin resolución desde mayo.

"Dejamos en claro que nuestro pedido salarial es a partir del mes de mayo del corriente año. Buscamos recomponer nuestros haberes y, por desgracia, no hay respuestas, solo dilaciones", sostuvo la organización en el documento.

Reclamo a Economía

La nota estuvo dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, y reclamó que la actividad reciba un trato similar al otorgado a otros sectores estratégicos de la economía.

La UTA pidió "el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras" y solicitó que el Gobierno "trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes" vinculadas al servicio de colectivos y a las condiciones laborales de los trabajadores.

El sindicato también cuestionó el impacto del ajuste fiscal sobre los ingresos de los choferes.

"La Argentina ha entendido que el déficit fiscal es nocivo y el superávit es sano; el tema es a qué costo", planteó el gremio. Y agregó: "Que no se construya con nuestros salarios, porque entendemos que hay otras formas. Los privilegiados son otros".

Advertencia por posibles medidas

En medio de la negociación, la UTA advirtió que el clima social podría agravarse si continúan las demoras.

"Quieren cansar a los trabajadores, frenándolos a golpe de conciliación obligatoria", señaló el sindicato, que dejó abierta la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza si no obtiene respuestas en las próximas semanas.

La advertencia llega en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno, las empresas de transporte y los gremios por la distribución de subsidios y la estructura tarifaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Cambios en el esquema de subsidios

El reclamo coincide con la reciente publicación de la Resolución 31/2026 de la Secretaría de Transporte, que modificó el mecanismo para distribuir las compensaciones tarifarias destinadas a las empresas de colectivos.

Según explicó el Gobierno, el nuevo sistema mantiene como base los costos e ingresos de las compañías, pero incorpora mayores controles sobre la prestación efectiva del servicio.

La nueva metodología incorpora indicadores vinculados a la calidad, regularidad y consistencia operativa de cada línea. Entre las variables evaluadas figuran el cumplimiento de frecuencias, los kilómetros recorridos, la antigüedad de las unidades y los sistemas de cobro implementados.

Desde la Secretaría de Transporte señalaron que el objetivo es que "las empresas que mantengan niveles adecuados de operación y prestación puedan acceder a las compensaciones correspondientes".

Asimismo, remarcaron que el esquema apunta a "mejorar la calidad y previsibilidad del servicio para los usuarios, optimizar la circulación de las unidades y fortalecer la eficiencia en el uso de los recursos disponibles".

Mientras continúan las negociaciones, el conflicto salarial suma presión sobre el sistema de transporte y abre un nuevo frente para el Gobierno en uno de los servicios esenciales más sensibles del AMBA.