Las dos jubiladas que financiaron la compra del departamento de Manuel Adorni en Caballito dejaron este miércoles una definición idéntica ante la fiscalía: la operación no pasó por sus manos. Beatriz Viegas y Claudia Sbabo dijeron que confiaron en sus hijos, que no manejaron la compraventa, que no recordaban detalles del negocio y que, en el caso del jefe de Gabinete, apenas lo conocieron el día de la escritura.

La confianza como explicación

Viegas, de 72 años, y Sbabo, de 64, declararon en Comodoro Py y entregaron sus teléfonos celulares para que los investigadores revisen cualquier contenido que pueda resultar útil para la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Según las declaraciones incorporadas al expediente, Viegas sostuvo que no conocía a Adorni y que solo lo vio en el acto de escrituración en el que intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko. También afirmó que "no sabía nada del tema" y que su hijo, Pablo Martín Feijoo, se ocupó de toda la operación. Ante las preguntas de la fiscalía, explicó que nunca intervino en la operatoria porque confiaba en él.

Sbabo siguió una línea similar. Dijo que la venta quedó en manos de su hijastro, Leandro Miano, socio de Feijoo, y que tampoco manejó los detalles de la operación. De acuerdo con fuentes judiciales, aclaró además que no conocía al funcionario y que el vínculo con la compraventa llegó por esa red de confianza entre los hijos de ambas familias.

La propia escribana Nechevenko había ubicado allí el punto de contacto. Según su testimonio, Adorni conocía al hijo de una de las vendedoras. "Es amigo porque los chicos van al mismo colegio. Una cosa de esas", declaró días atrás.

Qué dijeron sobre el dinero

La fiscalía puso la lupa sobre la trazabilidad de los fondos que hicieron posible la compra del inmueble de la calle Miró al 500, en Caballito. La escritura quedó cerrada el 24 de noviembre de 2025, mediante la escritura pública N° 118, a cargo de Nechevenko, titular del Registro Notarial N° 1580.

El precio declarado de la operación fue de USD 230.000. De ese total, Adorni y Angeletti pagaron USD 30.000 y asumieron una deuda de USD 200.000 con una hipoteca por saldo de precio, sin intereses, con vencimiento en noviembre de este año. Cada una de las jubiladas figura como acreedora del 50% de ese crédito hipotecario, es decir, USD 100.000.

Sbabo dijo que el dinero vinculado a su parte de la operación era suyo. Según pudo reconstruirse en el expediente, explicó que había comprado con ahorros propios el 50% que le correspondía del departamento y señaló además que cobra una jubilación de alrededor de $350.000. En otra de las fuentes del caso se consigna que Viegas percibe un haber previsional similar.

Viegas, por su parte, buscó justificar la tenencia de los USD 100.000 que luego quedaron ligados a la hipoteca privada. Declaró que había comprado un departamento de pozo en 2022 y que transfirió el boleto en 2024. Otra reconstrucción del expediente señala que contaba con USD 115.000 luego de desprenderse de bienes anteriores. Con ese dinero, según relató, su hijo le propuso participar del negocio del departamento de Miró.

La compraventa que nadie recordó

Las dos testigos coincidieron en otro punto sensible para la causa: dijeron que no recordaban detalles de la compraventa. Viegas declaró que "de todo se ocupó" su hijo y que Feijoo manejó el negocio. Sbabo también descargó la operatoria en Miano.

Ese vacío de memoria no se limitó a la escritura. Según una de las reconstrucciones del expediente, Viegas explicó que el departamento fue comprado como inversión, bajo coordinación de Feijoo y Miano. "Era para hacer un pasamanos", declaró. Agregó que no aparecían compradores y por eso se avanzó con refacciones en el inmueble, también bajo la órbita de Feijoo. Cuando el fiscal le exhibió fotos del antes y el después del departamento, dijo que no recordaba detalles de esas obras.

Allí apareció una de las dudas que sobrevuelan el expediente: cómo se explica la rentabilidad de la operación. Si las jubiladas y sus hijos compraron el inmueble al exfutbolista Hugo Morales en USD 200.000, pagaron una comisión inmobiliaria del 4% y además hicieron refacciones, cómo se explica que luego lo hayan vendido en USD 230.000, financiado a un año y sin intereses. Morales ya declaró en la causa y sostuvo que él había vendido la propiedad por USD 200.000.

Los hijos, en el centro de la operatoria

El nombre que quedó más expuesto fue el de Pablo Martín Feijoo. Viegas lo señaló como la persona que manejó toda la operación. La escribana Nechevenko también lo ubicó como quien armó el negocio y llevó a las prestamistas. En otra de las fuentes del expediente se agrega que Feijoo y Miano son socios en TJS Group y en otros emprendimientos de desarrollo urbano.

Feijoo ya tiene fecha para declarar la semana próxima. Deberá presentarse en el tribunal con su celular y con los comprobantes de las compras vinculadas a las refacciones del departamento. Según otra de las piezas del expediente, fue él quien pagó la seña y gestionó la compra previa del inmueble, que había sido publicado a la venta en USD 340.000 y terminó adquirido por bastante menos.

También consta en registros oficiales que Feijoo visitó a Adorni en la Casa Rosada el 22 de octubre de 2025, un mes antes de la escritura del semipiso de cuatro ambientes, con cochera, patio y balcón terraza.

El otro tramo de la causa

La declaración de las jubiladas se inscribe en una investigación más amplia. La fiscalía de Gerardo Pollicita intenta determinar si Adorni puede justificar, con sus ingresos como funcionario público, las operaciones inmobiliarias en divisas y los viajes al exterior que figuran bajo análisis. El foco está puesto en el uso de hipotecas privadas para financiar propiedades.

La semana pasada ya habían declarado Graciela Molina, comisaria retirada, y su hija Victoria María José Cancio, contadora en la misma fuerza. Ambas dijeron que fue la primera vez que participaban en una operación de este tipo con Nechevenko. Según sus testimonios, le entregaron a Adorni USD 100.000 para la compra de la casa de Indio Cuá, con una hipoteca que sí contempló intereses: 11% anual. El funcionario devolvió USD 30.000 y todavía debe otros USD 70.000 más los intereses, con vencimiento dentro de siete meses.

Tras esas medidas, el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y Angeletti. Pollicita espera ahora informes de distintos organismos públicos para reconstruir declaraciones patrimoniales, consumos con tarjetas, ingresos, movimientos de cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio. En el expediente, mientras tanto, quedaron dos jubiladas que dijeron casi lo mismo: que el negocio pasó por sus hijos y que ellas apenas estuvieron allí cuando llegó la firma.