El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario en la causa que investiga quién financió los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia, en un expediente que suma nuevas medidas de prueba y escala en tensión política.

La decisión apunta a reconstruir el circuito del dinero detrás de los vuelos, en medio de sospechas por posibles beneficios indebidos vinculados a empresas con contratos estatales.

El foco de la causa: quién pagó los vuelos

La investigación judicial ya identificó una operación clave. La empresa In House S.A., propiedad del periodista Marcelo Grandío, figura como la responsable de pagar USD 4.830 por un vuelo privado a Punta del Este realizado el 12 de febrero.

El dato encendió alertas en el expediente, ya que la firma mantiene contratos con el Estado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, área que encabeza Adorni.

La Justicia busca determinar si existió un conflicto de intereses o contraprestación indebida, y no descarta que haya otros aportantes detrás de los traslados.

Más medidas: cámaras y origen del video

En paralelo, Lijo ordenó acceder a las cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando para identificar a la persona que registró el video donde se ve a Adorni y su familia antes de abordar el vuelo.

Ese material se volvió central en el caso tras su difusión pública, ya que expuso el viaje y aceleró la investigación judicial.

Desde Casa Rosada aseguran tener identificada a la persona que tomó las imágenes. Señalan a una delegada sindical llamada Victoria Correa, a quien vinculan con La Cámpora y sectores de la oposición.

Otra línea: uso del avión presidencial

La causa también se conecta con otra investigación en curso. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza el uso del avión presidencial en un viaje a Nueva York en el que participó la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

Ese episodio fue el primer foco de cuestionamientos y se suma ahora al caso del vuelo privado, lo que amplía el alcance del expediente sobre el uso de recursos y financiamiento de traslados oficiales.

Interna política y sospechas sobre la Justicia

En el entorno de Adorni desconfían del avance de la causa y lo vinculan a internas dentro del Gobierno, además de atribuirle motivaciones al propio magistrado.

Cerca del jefe de Gabinete sostienen que la velocidad de las medidas judiciales responde a una disputa de poder y a la supuesta intención de Lijo de proyectarse como Fiscal General de la Nación.

Un expediente en expansión

Con el levantamiento del secreto fiscal y bancario, la Justicia apunta ahora a seguir el rastro del dinero y establecer con precisión quién financió los viajes y bajo qué condiciones.

El avance de la causa ya generó ruido político en el Gobierno y podría escalar si se confirman vínculos entre los aportantes y contratos públicos.