El juez federal Ariel Lijo ordenó una batería de medidas de prueba para acceder a contratos, expedientes administrativos y documentación societaria vinculada a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en una causa que busca determinar si existieron beneficios irregulares en contrataciones del Estado.

La decisión se tomó a partir de un pedido del fiscal Carlos Stornelli, en el marco de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. El expediente no tiene imputados aún, aunque la denuncia señala a Adorni, Angeletti y otros directivos. Las medidas dependen de la orden del juez, ya que la investigación no está delegada en el Ministerio Público.

Qué pidió el juez

Entre las medidas ordenadas, Lijo solicitó la remisión a Comodoro Py de copias completas de expedientes administrativos vinculados a procesos de contratación en áreas de comunicación. El requerimiento incluye documentación sobre servicios de mensajería masiva -SMS, correos electrónicos y llamadas-, herramientas tecnológicas y soporte técnico.

También ordenó reunir toda la documentación relativa a la concesión del predio de Tecnópolis, con el objetivo de clarificar las condiciones en que se firmaron esos contratos. Ese proceso, bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, depende jerárquicamente de la Jefatura de Gabinete.

Empresas, vínculos y sospechas

La investigación se centra en un contrato de 2025 por servicios de mensajería adjudicado a ATX S.A. por $3.650.226.300. La denuncia de la diputada Pagano sostiene que las firmas que participaron -ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.- "tendrían vínculos entre sí", lo que abre la hipótesis de una posible simulación de competencia en la licitación.

En ese mismo planteo, la denuncia presentada por Pagano introduce la sospecha de sobreprecios y señala que, en otra contratación similar, el valor cada mensaje de texto enviado pasó de USD 0,045 a USD 0,076, en un contexto donde la eventual coordinación entre oferentes podría haber incidido en los valores adjudicados.

El expediente también indaga la relación entre la consultora +Be, vinculada a Angeletti, y empresas contratistas del Estado. Entre los nombres mencionados aparecen Grupo Datco, National Shipping S.A. y Foggia Group, que según la denuncia tendrían vínculos comerciales con la consultora y, al mismo tiempo, contratos con organismos públicos. En el caso de National Shipping, el vínculo adquiere relevancia porque la firma es contratista de YPF y Adorni fue designado director titular de esa empresa en enero de 2026.

En ese marco, Lijo pidió a la Inspección General de Justicia los legajos societarios de distintas firmas para identificar a sus accionistas y eventuales relaciones cruzadas, y a la Oficina Nacional de Contrataciones que informe si estas compañías resultaron adjudicatarias y remita las actuaciones correspondientes. El objetivo es determinar si las licitaciones cumplieron con los estándares de transparencia o si se trató de estructuras utilizadas para direccionar contratos.

Tecnópolis en el centro de la pesquisa

Uno de los focos del expediente es la concesión del predio de Tecnópolis por 25 años, un negocio valuado en aproximadamente $183,3 millones. La Justicia intenta determinar si existieron irregularidades en ese proceso y si hubo vínculos entre los adjudicatarios y el entorno del funcionario.

Cuando ratificó la denuncia, Pagano sostuvo que se investiga una posible relación entre empresas interesadas en esa concesión y clientes de la consultora de Angeletti.

En paralelo, el juzgado busca establecer si existieron delitos como fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública o enriquecimiento ilícito, en una causa que se encuentra en etapa de recolección de pruebas.