Los veedores de la IGJ designados para auditar la situación patrimonial de la Asociación del Fútbol Argentino se presentaron este jueves en la sede de la calle Viamonte, pero no lograron ingresar al edificio ni ser recibidos por autoridades de la institución.

La inspección había sido dispuesta en el marco de un proceso de revisión administrativa impulsado por el Ministerio de Justicia de la Nación Argentina, que busca avanzar en el control de los balances y la situación patrimonial de la entidad.

La visita sin respuesta en la sede de Viamonte

Los inspectores Diego Coste y Rubén Papacena llegaron al histórico edificio de la AFA con la intención de presentar la requisitoria formal y solicitar documentación para la auditoría.

Sin embargo, al no obtener respuesta desde el interior del edificio, los funcionarios dejaron la notificación bajo la puerta con el listado de requerimientos para el análisis de las cuentas institucionales.

Los veedores no fueron recibidos en la sede de la AFA y dejaron la notificación bajo la puerta con el pedido de documentación oficial.

En el ingreso del edificio también se encontraba un cartel que indicaba que la sede estaba cerrada y que la actividad administrativa se había trasladado a otra ubicación.

El conflicto por la jurisdicción y el domicilio legal

La situación se da en medio de una discusión por el domicilio legal de la AFA, ya que la conducción de la entidad impulsa su traslado al partido bonaerense de Pilar, donde se proyecta establecer una nueva sede institucional.

En paralelo, la Inspección General de Justicia mantiene su postura de que el domicilio válido continúa siendo el de la calle Viamonte, lo que genera tensiones respecto de la jurisdicción aplicable a las inspecciones.

El alcance de la veeduría y la auditoría patrimonial

La medida forma parte de una auditoría patrimonial sobre la AFA, que busca acceder a información contable, contratos y documentación administrativa vinculada al funcionamiento económico de la entidad.

Desde el entorno del Ministerio de Justicia, se sostiene que la veeduría debe continuar activa mientras no exista una resolución judicial que indique lo contrario, y que podrían evaluarse medidas adicionales si no hay colaboración institucional.

La visita de los veedores de la IGJ se enmarca en un proceso de control administrativo sobre la AFA que incluye la revisión de balances, contratos y operaciones financieras, en medio de una disputa por la jurisdicción del domicilio legal entre la sede histórica de la calle Viamonte y el traslado propuesto hacia Pilar, lo que mantiene abierto el conflicto sobre dónde debe realizarse la inspección oficial y bajo qué autoridad corresponde ejecutar la auditoría.