Intendentes de distintos puntos del país marcharon este martes hasta el Ministerio de Economía para reclamarle a Luis Caputo por la falta de transferencias, el freno de obras y pedir una rebaja en el precio del combustible. 

La protesta reunió a jefes comunales bonaerenses, dirigentes del interior, autoridades de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y funcionarios del gabinete de Axel Kicillof, que entregaron un petitorio en la sede de Hacienda.

La convocatoria reunió a sectores alineados con Kicillof, intendentes que responden a Máximo Kirchner, referentes del MDF y también dirigentes radicales. El reclamo común incluyó tres ejes: transferencias para los municipios, reactivación de obras viales y retrotraer el precio de la nafta al valor del 1 de marzo.

Qué pidieron ante Caputo

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, encabezó la protesta y cuestionó al oficialismo: "Exigimos al Gobierno Nacional que baje el litro del combustible y que además hagan las obras que con el fondo tienen la obligación y responsabilidad". 

Luego agregó: "Es un fraude, un robo, es un delito que se queden con la plata de todos los que cuando cargan el tanque de nafta, una parte de ese valor va a una cuenta para hacer obras".

El reclamo apuntó además al destino del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Los jefes comunales remarcaron que una parte de esa recaudación debe financiar rutas, obras hídricas e infraestructura estratégica, pero sostuvieron que esos recursos no regresan ni a la red vial ni a los municipios.

Katopodis denunció una "estafa vial" y sostuvo que cada vez que alguien carga nafta, una parte del valor queda en manos de Nación sin volver a las rutas. Según su planteo, el impuesto sobre combustibles ganó peso en la estructura del precio final y pasó de representar menos del 10% en 2022 a más del 20% en 2026. 

Como ejemplo del freno de la obra pública, citó la Ruta Nacional 5, donde la autovía entre Suipacha y Mercedes permanece frenada con un 40% de avance.

Los números que llevaron a la protesta

Katopodis y la FAM apoyaron su planteo en un informe del Instituto Argentina Grande. Según ese relevamiento, el Gobierno nacional acumuló $6.1 billones en impuestos que no terminaron en obras de infraestructura. Ese total se compone de $3.1 billones del ex impuesto PAIS y de $3 billones derivados del tributo sobre combustibles.

El mismo documento sostuvo que, entre noviembre de 2023 y abril de 2026, la nafta aumentó 542.7%, mientras la inflación acumuló 292% y los salarios privados registrados subieron 288%. También señaló que el combustible avanzó 24% en lo que va del año y que el litro subirá otra vez desde el 1 de mayo.

Otro punto del diagnóstico se centró en la caída de la coparticipación. La FAM indicó que en los primeros tres meses de 2026 la baja llegó al 11% y que, si se suma la merma de 2024 y 2025, el retroceso acumulado ronda el 24%. 

Además, cuestionó el uso discrecional de los ATN y advirtió sobre la pérdida de recursos para salud, asistencia, producción y transporte.

Quiénes participaron

Entre los presentes estuvieron Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y titular de la FAM; Mariel Fernández, de Moreno; Andrés Watson, de Florencio Varela; Fernando Moreira, de San Martín; Pablo Descalzo, de Ituzaingó; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Mario Secco, de Ensenada; y Fabián Cagliardi, de Berisso. También participaron, por La Cámpora, Julián Álvarez, de Lanús; Damián Selci, de Hurlingham; Iván Villagrán, de Carmen de Areco; Waldemar Giordano, de Colón; y Eva Mieri, de Quilmes. Por el MDF asistieron Gilberto Alegre, de General Villegas; Cecilio Salazar, de San Pedro; Ricardo Alessandro, de Salto; Julio César Marini, de Benito Juárez; y, por el radicalismo, Emilio Cordonnier, de Ayacucho; Pablo Barrena, de Lobería; Miguel Gargaglione, de San Cayetano; y Lisandro Matzkin, de Coronel Pringles.

También asistieron funcionarios bonaerenses como Carlos Bianco, ministro de Gobierno; Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad; Silvina Batakis, ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano; Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario; y Cristina Álvarez Rodríguez.

Las frases que dejó la marcha

Espinoza definió la protesta como un "hecho histórico" y sostuvo que el daño económico ya no distingue colores partidarios. "Nunca intendentes de distintos partidos políticos se acercaron de forma conjunta. El desastre al que nos está llevando la política económica de este Gobierno, la baja en la coparticipación en prácticamente un 24% promedio, no hay recursos, hay intendentes vecinalistas, radicales, justicialistas, de Juntos por el Cambio, de todos los colores políticos", afirmó.

Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, apuntó contra el rumbo económico nacional y afirmó: "Somos quienes convivimos todos los días con la gente". También cuestionó el traslado de responsabilidades hacia los municipios: "Se cargan sobre las tasas municipales cuando, en realidad, son los tributos nacionales los que encarecen los costos. Necesitamos que bajen esos impuestos y que se hagan cargo de las rutas". Y completó con otro diagnóstico: "Estamos en una situación desesperante: cada vez hay más gente en la calle y con hambre".

Ricardo Marino, intendente de Patagones, sostuvo: "Necesitamos que el Gobierno nacional escuche al gobernador bonaerense. Este petitorio surge del ajuste que nos ha perjudicado notablemente y hoy, en mi pueblo, ya hay hambre".

El documento de la FAM y la advertencia política

La FAM presentó un escrito titulado "Situación económica y social de los municipios", fechado el 14 de abril. Allí sostuvo que los gobiernos locales son "el primer mostrador de la democracia" y advirtió que la caída del consumo, la presión sobre salud y asistencia, la dificultad de acceso al transporte y la menor capacidad de gestión local agravan la situación social en los distritos.

Se planteó que los municipios hoy cumplen el papel de primera línea de contención social. Sin asistencia, señalaron los intendentes, sostener servicios básicos se vuelve cada vez más difícil. En ese marco, varios jefes comunales ya analizan judicializar los reclamos si no aparecen respuestas de Nación. La marcha dejó así una advertencia política y otra institucional: el conflicto ya no pasa solo por el precio de la nafta, sino también por rutas paralizadas, transferencias en caída y un reparto de recursos que los municipios consideran cada vez más desigual.