Cinco días después de violentos enfrentamientos en las calles de Turín entre manifestantes vinculados a grupos anarquistas y la policía, el Ejecutivo que encabeza la primera ministra Georgia Meloni reaccionó con un decreto que refuerza la política represiva italiana.

La norma introduce, entre otras cosas, una detención preventiva policial de hasta 12 horas -con previa autorización judicial- en días de manifestaciones consideradas de riesgo, aplicable a personas con antecedentes por delitos graves contra el orden público o contra el Estado. Estos incluyen desde terrorismo con explosivos hasta devastación y saqueo, masacre con fines políticos o violencia grave contra las instituciones. Asimismo, el texto amplía las garantías legales para los agentes que hagan uso de sus armas.

El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros, incluye además la prohibición de vender cuchillos a menores. Agrega que quien porte en la vía pública hojas afiladas o puntiagudas de más de 8 centímetros sin motivo justificado se expone a penas de entre seis meses y tres años de prisión.

Varias de estas disposiciones -en particular la detención preventiva y el llamado "escudo penal" para la policía- suscitaron fuertes reservas del presidente de la República, Sergio Mattarella, por sus posibles problemas de constitucionalidad.

Numerosos juristas sostienen que el decreto tiene sobre todo un valor simbólico y político, con efectos jurídicos limitados, pero el Ejecutivo busca enviar un mensaje de firmeza a su base frente a la presión que llega desde la extrema derecha.

El Gobierno remarca el carácter "preventivo" de la norma. El ministro de Justicia, Carlo Nordio, citó los años del terrorismo: "Tratamos, con una actividad de prevención, de evitar que se repitan aquellos momentos tristes. El fenómeno de las Brigadas Rojas nació precisamente por una atención insuficiente, también por parte del Estado, hacia formas de agresividad odiosa contra las fuerzas del orden que habían sido descuidadas".

La oposición, sin embargo, ve en el decreto un giro autoritario. "La detención preventiva y el escudo penal son normas inconstitucionales que limitan el derecho al disenso y no aportan ninguna respuesta real en materia de seguridad", denunció Nicola Fratoianni, líder de Izquierda Italiana.