Motosierra a full: sólo tres empresas públicas recibieron transferencias del Tesoro en enero
En el marco del recorte de gastos y la búsqueda de la autosuficiencia de los entes, 17 no recibieron recursos del Estado nacional
Las transferencias del Estado nacional a las empresas públicas tuvieron en enero un nuevo recorte, al punto que 17 del total de 20 entes no recibieron un solo peso y en el el caso de las tres que percibieron fondos, todos fueron para atender gastos corrientes.
En el primer mes de 2026, las transferencias fueron de $293.034 millones, equivalentes al 2,84% del crédito total del año (tres veces menos que el tiempo transcurrido, si se tiene en cuenta que cada mes representa el 8,33%) y aunque tuvieron un incremento interanual del 162,34%, esto obedeció a la baja base de comparación de enero de 2025, con $84.359 millones.
Debe aclararse que el monto corresponde a la etapa devengada, por lo que el efectivamente pagado puede incluso haber sido inferior.
Si bien la comparación mensual con diciembre de 2025 está condicionada por razones estacionales (hacia fin de año suelen incrementarse las transferencias por el cierre del ejercicio), la caída respecto de los $770.992 millones fue del 62%, según el relevamiento del Monitor de Empresas Públicas de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Las transferencias a empresas públicas de enero
Todas las fichas a Enarsa
El 97,17% de las transferencias del mes pasado se destinó a Energía Argentina (Enarsa), lo que deja en evidencia no solo la preferencia del Gobierno del presidente Javier Milei por el sector energético y, en particular, la empresa encargada de las obras del gasoducto Perito Moreno, sino también los recortes al resto de las compañías estatales.
Una sola empresa (Enarsa) concentró casi la totalidad de las transferencias del Tesoro en enero
Las otras dos empresas receptoras de transferencias en enero fueron Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), con $8.000 millones y Contenidos Públicos (Encuentro, Pakapaka, DeporTV y Animar/MoCap), con $277 millones.
Las diecisiete empresas públicas que no recibieron recursos en enero fueron Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Agencia de Publicidad del Estado (Apesau), AySA, Belgrano Cargas y Logística, Coviara, Corredores Viales, Correo Argentino, Desarrollo de Capital Humano Ferroviario, EducAR y Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
La nómina se completó con Arsat, FADEA, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (ITC), Nucleoeléctrica Argentina, Polo Tecnológico Constituyentes, Radio Universidad del Litoral, Radio y Televisión Argentina (RTA), Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Sofse y Tandanor.
Otro eje de la motosierra
Para lo que resta del año, las transferencias a las empresas públicas se presentan como una partida apetecible para aplicar los recortes del gasto que se popularizaron con la denominación de "motosierra", ya que restan por ejecutar $4.276.269 millones, de los que $2.791.494 millones corresponden a gastos corrientes y $1.484.775 millones a gastos de capital.
La consolidación del superávit fiscal -que Milei destacó en varias ocasiones como "irrenunciable"- tendría en esos recursos una veta a explotar, en un contexto en el que el resultado financiero viene sosteniéndose más por la reducción del gasto que por la expansión de los ingresos, al punto que en enero se sustentó en ingresos provenientes de la privatización de la centrales hidroeléctricas del Comahue.
Objetivo inicial
Con el objetivo final de privatizar todas las empresas públicas o cerrar aquellas que no puedan venderse, desde el inicio de la gestión libertaria se buscó, al menos como paso inicial, que esos entes dejen de recurrir a la asistencia del Tesoro, tanto para dejar de ser un factor de déficit fiscal como también una señal de eficiencia y autosuficiencia.
Los recursos destinados como transferencias a empresas públicas proyectados para 2026 representan un incremento nominal del 14,6% en relación con los $3.986.020 establecidos en 2025, lo que representa un incremento superior a la inflación en base a la que se elaboró el Presupuesto (10,1%), aunque mayor a la prevista por la mayoría de economistas y consultores.