Según la ONU, Lula tiene derecho a ser candidato

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó el viernes a Brasil a permitir que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva haga campaña desde la cárcel y mantenga su candidatura de cara a las elecciones de octubre

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El Comité "reclama a Brasil que tome todas las medidas necesarias para asegurar que Lula pueda ejercer mientras esté en prisión sus derechos políticos como candidato en la elección presidencial de 2018", indica el documento, difundido en Ginebra. 

Inmediatamente, el ex presidente brasileño se pronunció en Twitter a través de su cuenta y citó a Geoffrey Robertson, su abogado:  "es un gran día para la democracia. Es muy raro que la ONU entre en acción antes de que se complete un proceso, sólo en casos de daños irreparables. Está claro que Lula fue sometido a una situación inadmisible"

El organismo consideró además que Lula no puede ser excluido como candidato "hasta que sus apelaciones ante los tribunales hayan completado los trámites judiciales justos". 

 Luiz Inácio Lula da Silva, quien se desempeñó como presidente entre 2003 y 2010, es el favorito para los comicios de octubre. Actualmente, está cumpliendo desde abril una sentencia de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. 

El Partido de los Trabajadores (PT) inscribió oficialmente su candidatura el miércoles, aunque esta debería ser invalidada en función de la Ley de Ficha Limpia, que determina que un condenado en segunda instancia, como es su caso, no está habilitado para presentarse a cargos electivos. 

"La decisión sobre el próximo presidente de Brasil no quedará a cargo de jueces, sino sobre la voluntad del pueblo brasileño" - Geoffrey Robertson, abogado del presidente Lula 

La fiscal general de la República, Raquel Dodge, presentó ese mismo día su pedido de invalidación de la candidatura ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), que debe analizarlo en los próximos días. Dodge también pidió acelerar el trámite, dada la proximidad de los comicios del 7 de octubre (con una eventual segunda vuelta el 28). 

El Comité de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, se encarga de supervisar violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como un texto suplementario llamado Protocolo Facultativo. Debido a que Brasil ha ratificado ambos textos, está técnicamente obligado a cumplir con las conclusiones del Comité. 

Un miembro del Comité, Olivier de Frouville, explicó que los abogados de Lula habían pedido una acción urgente en tres asuntos: que sea inmediatamente puesto en libertad, que se le concediera acceso a los medios y a su partido político y que se le permitiera participar en las elecciones. 
El panel rechazó la primera de las peticiones, pero validó las otras dos. 

Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento ofrecido por la constructora OAS para obtener contratos en Petrobras. El exmandatario, que enfrenta otras cinco causas judiciales, se declara inocente en todas y denuncia una persecución político-judicial para impedirle volver al poder. 

Sus abogados reclaman además que sea liberado, hasta agotar los recursos en tercera instancia (Supremo Tribunal de Justicia) y ante el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema). 

Olivier de Frouville afirmó que los recursos ante esas cortes "pueden llevar a anular la condena", por lo cual el exmandatario debe ser autorizado a "organizar su campaña, incluso desde la cárcel". 

Los fiscales de la Operación Lava Jato, que desveló una vasta trama de sobornos centrada en Petrobras con implicación de prácticamente todos los partidos, pidieron el miércoles limitar las visitas a Lula, a fin de evitar que su celda se transforme "en su comité da campaña". 

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