Una serie de movimientos sociales, organizaciones piqueteras y cooperativas de trabajo anunciarán el próximo 26 de marzo el inicio de un plan de lucha como resultado de la decisión del Gobierno nacional de dar de baja el Programa Volver al Trabajo que otorgaba a sus beneficiarios un monto de 78 mil pesos, y decidiera reemplazarlo por un sistema de váuchers de capacitación.

Las medidas de fuerza serán anunciadas el jueves a las 11 frente a la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación, ubicada en la avenida Leandro N. Alem 650 de la Ciudad de Buenos Aires, actividad de la que también participará la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (Seccional ATE-Trabajo).

Según advierten entre otras, las organizaciones nucleadas en Territorios en Lucha y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), "el gobierno de Milei" decidió pasar "la motosierra contra los trabajadores y trabajadoras más pobres y precarizadas del país" y denunciaron que la decisión adoptada por el Ejecutivo nacional afectará "a 950 mil trabajadores que realizan tareas esenciales para la reproducción de la vida en los barrios populares desde Tierra del Fuego hasta la Quiaca", quienes perciben un Salario Social Complementario de 78 mil pesos, cuyo monto se encuentra "congelado desde diciembre de 2023".

Mediante un comunicado, las organizaciones subrayaron que los trabajadores de los comedores, merenderos, espacios de primera infancia, centros de salud y educativos y los espacios de acompañamiento a personas en situación de consumo, así como los afectados a la producción textil, el reciclado, la venta ambulante en el espacio público y la agricultura familiar campesina indígena, entre otros, "son sostenidos con ese salario".

Destacan, además, que en un contexto económico signado por "el aumento de la pobreza, los despidos en el sector privado, la caída del consumo y la descomposición del gobierno, esta gestión, que se robó la comida de los comedores populares, ahora les saca un ingreso elemental a trabajadores y trabajadoras con alto grado de vulnerabilidad socioeconómica, empujándolos a la indigencia".

La eliminación del programa "también implica el despido y la afectación de miles de estatales que forman parte de la Secretaría de Empleo y Seguridad Social que desarrollan actividades en todo el país", mientras que, en paralelo, la medida afectará a "las economías regionales y comercios de cercanía en los barrios populares", debido a la quita de circulación para el consumo interno de "unos 78 mil millones de pesos mensuales, es decir 600 millones de dólares anuales".

"Es plata que el gobierno saca de la economía real, de los bolsillos y las mesas de las familias, para llevar a cabo un ajuste a medida de lo que exige el FMI (Fondo Monetario Internacional), iniciativa que "expone las mentiras del gobierno nacional", el que "durante la campaña electoral y ya al frente del ejecutivo nacional se había comprometido a mantener los programas de empleo hasta tanto se generaran los puestos de trabajo prometidos".

Territorios en Lucha sostiene que a contramarcha de lo prometido y mientras que en el país "se perdieron alrededor de 300 mil puestos de empleo" y la desocupación "creció al 7,9% en 2025, afectando a 1,7 millones de personas", la administración Milei "intentó esconder el fracaso de sus políticas sociales detrás de capacitaciones laborales que abarcaron a 80 trabajadores de un padrón total de 950 mil".

"Las organizaciones entendemos que este ataque del gobierno es un claro intento de desarticulación de la red comunitaria que creamos las organizaciones en los barrios populares y que hoy son un dique de contención contra el avance del narcotráfico y el delito organizado que, ante la falta de oportunidades en las vidas de nuestros pibes, pretende cooptarlos como carne de cañón", indicaron.

Fue en este contexto de profundización de una crisis socioeconómica que afecta a amplios sectores del país y que preanuncia a futuro un clima de mayor conflictividad debido a los ajustes que viene aplicando el Gobierno de Javier Milei, que los movimientos territoriales decidieron declarar "el estado de alerta y movilización de todas las organizaciones".

Entre las firmantes figuran, Libres del Sur, el Movimiento Argentina Rebelde (MAR), el Frente Popular Darío Santillán, la Coordinadora por el Cambio Social, la Corriente Plurinacional, el MST Teresa Vive, el MTD Aníbal Verón, el Frente Barrial CTA T, el Partido Piquetero, la UTEP, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, entre otras.