En los 11 días que lleva la guerra de Medio Oriente, el precio del petróleo se ubicó en el centro de la atención internacional, por sus múltiples consecuencias entre las que el precio de los combustibles y de los fletes marítimos ganaron el primer lugar.

Con el transcurso de los días, aparecen nuevas derivaciones y, con ellas, los análisis con las ventajas y desventajas que acarrearía a cada país y, dentro de ellos, cada sector económico y social.

Pros y contras

Las preocupaciones en la Argentina se centran en el impacto en el precio de las naftas y el gasoil (en este último caso, también en su abastecimiento, ya que una parte se importa), en los precios de la economía en general por la incidencia de los fletes en el costo final de cada producto, pero también en posibles complicaciones por subas en la tasa de interés y el retiro de inversiones en mercados emergentes, con el consecuente incremento del riesgo país.

El vaso medio lleno se compone con las expectativas de un incremento de las exportaciones, tanto en cantidades como -principalmente- en precios, en un nuevo contexto que excede al petróleo y al gas para extenderse a varias commodities agrícolas.

"Por cada USD 10 que aumente el precio del petróleo en el mercado internacional, las exportaciones aumentarían en alrededor de USD 3 millones por día", estimó el economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana.

Incidencia en subsidios

La contracara de esa mejora en los ingresos vía comercio exterior es un posible impacto negativo en uno de los flancos que el Gobierno de Javier Milei parecía encaminado a resolver, como es el peso de los subsidios energéticos en el resultado fiscal.

"Hay un efecto negativo sobre los subsidios que todavía paga el Tesoro Nacional, porque aumentaría el costo marginal de la energía eléctrica que se produce con derivados del petróleo", advirtió Artana en la última edición de los Indicadores de Coyuntura de la Fundación.

Entre 2002- cuando se generalizaron luego de la caída del régimen de Convertibilidad- hasta 2023, los subsidios tuvieron una participación creciente en el gasto de la Administración Pública Nacional, con estimaciones que ubican el costo total a valores constantes en más de USD 200.000 millones.

Más allá de algunos intentos por atenuarlos, como los del último tramo de la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y en especial los tres primeros años de la de Mauricio Macri, los gastos en subsidios representaron un serio problema por su incidencia en el déficit financiero de gran parte el siglo XXI.

Complicaciones para la motosierra

En el marco de los recortes del gasto implementados por Milei, la reducción en los subsidios fue uno de los ejes de la "motosierra", con una baja en términos reales del 62% en los dos primeros años de gestión.

Para 2026 se prevé continuar con esa poda en ese gasto y, en el caso específico de la energía, la punta de lanza para ese propósito se basa en los subsidios focalizados, que ya lleva un poco más de un mes de su puesta en marcha.

Los informes aportados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) dan cuenta de un aumento de los gastos en subsidios energéticos del 191,5% en términos reales en el primer bimestre del año, aunque condicionados por la baja base de comparación del mismo período de 2025.

Según las proyecciones con base en las que se elaboraron el Presupuesto 2026, se prevé una caída del gasto en subsidios del 9,9% en términos reales, pero a la luz de una inflación que desbordó las previsiones del 10,1%, con un significativo porcentaje de gastos indexados (principalmente jubilaciones), esas transferencias podrían ser objeto de una revisión, por lo que podría esperarse una reducción aún mayor.

Las oscilaciones en el precio del petróleo, que a pesar de la última caída acumula una suba de más del 20% en lo que va de la guerra, serán un serio obstáculo en ese propósito.

Un dilema difícil de resolver

La solución a ese dilema no es sencilla, ya que el Gobierno cuenta con dos opciones igualmente antipáticas: aumentar los subsidios energéticos -o no bajarlos con la intensidad originalmente prevista- o no hacerlo y, por ende, trasladar el mayor costo a las tarifas de los servicios de energía eléctrica y gas natural.

En el primer caso, correría el riesgo de afectar el equilibrio fiscal, en tanto la segunda opción dificultaría aún más los intentos de desacelerar la inflación. De la evolución del conflicto bélico dependerá en gran parte por cuál de las dos opciones se inclinará el Gobierno.