La diputada nacional de La Libertad Avanza Marcela Pagano presentó un escrito ante el Juzgado Federal para pedir la detención preventiva del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusándolo de intentar manipular al contratista Matías Tabar minutos antes de que declarara como testigo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

Según el documento judicial, Adorni le habló a Tabar a través de WhatsApp el mismo día de su testimonio, le ofreció el contacto de su "equipo" y luego intentó borrar los mensajes intercambiados. Para Pagano, esa secuencia configura un entorpecimiento de la investigación con riesgo procesal grave e inmediato.

"Cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero"- Fuentes del entorno de Adorni, en respuesta a la declaración del contratista.

La legisladora recurrió a la doctrina Irurzun, un antecedente jurídico aplicado entre 2017 y 2018 para mantener en prisión preventiva a exfuncionarios kirchneristas. El pedido fue presentado para sostener que un jefe de Gabinete en ejercicio "tiene capacidad estructural y residual de obstaculizar la Justicia", lo que habilita el arresto cautelar.

USD 245.000 en efectivo y sin factura

La solicitud de detención llegó horas después de que Tabar completara tres horas de declaración testimonial ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. El contratista confirmó haber recibido USD 245.000 en billetes, directamente de manos de Adorni, por reformas en su propiedad del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Los trabajos cubrieron 400 metros cuadrados e incluyeron:

Pisos.Paredes.Muebles de cocina.Artefactos de baño.Pileta.Una cascada en el jardín.

El monto declarado por Tabar casi duplica los USD 120.000 que Adorni reportó como valor de compra del inmueble en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Un inmueble que además omitió consignar en su primer informe patrimonial.

La defensa y la grieta en el oficialismo

El entorno del ministro coordinador rechazó de plano las cifras del contratista. Fuentes cercanas a Adorni calificaron de falsa la suma de USD 245.000 y adelantaron que exigirán una pericia técnica sobre la propiedad para refutarla.

El expediente quedó en manos del fiscal Pollicita y del juez a cargo del caso. Los magistrados deben cotejar el testimonio de Tabar con los registros de la propiedad y resolver si la denuncia de Pagano por el presunto apriete vía WhatsApp amerita avanzar hacia una medida de coerción.