Por Luciana Rolón y Cecilia Galarza

Según datos oficiales de la Secretaría de Finanzas, en 2025 la deuda bruta consolidada de la Administración Central argentina se ubicó en USD455.000 millones, con una reducción anual de USD11.800 millones (-2,5% interanual). En términos del producto, el ratio descendió alrededor de 4 puntos porcentuales hasta el 78,4% del PIB. Sin embargo, tomando como referencia noviembre de 2023 -inicio de la gestión actual- la deuda bruta acumula un incremento de USD29.500 millones.

Lo que subyace a esa reducción interanual no es una mejora estructural del endeudamiento sino un cambio de composición: la caída de pasivos intra-sector público fue compensada por un mayor endeudamiento con organismos internacionales, en particular a partir del nuevo acuerdo con el FMI firmado en abril de 2025 por USD20.000 millones, de los cuales se desembolsaron alrededor de USD15.000 millones a la fecha. Ese desplazamiento implica pasar de deuda dentro del propio Estado hacia compromisos con acreedores externos, con condiciones y condicionalidades distintas.

Para dimensionar el nivel actual, si comparamos la historia reciente: el ratio deuda/PIB rondaba el 40% antes del salto producido durante la gestión de Cambiemos. Desde 2018 se estacionó en torno al 80% y no registró una reducción significativa.

Comparativamente, el ratio de Argentina sigue siendo elevado para los estándares regionales. Países como Brasil o Colombia conviven con ratios de deuda pública bruta superiores al 70% u 80% del PIB, pero con acceso fluido a los mercados internacionales de crédito. Argentina, con un historial de nueve defaults soberanos, aún enfrenta tasas de acceso al mercado que impiden el financiamiento en condiciones sostenibles, con un riesgo país que no logra perforar los 500 puntos básicos.

La deuda en pesos: administración bajo presión

En el frente doméstico, la deuda en pesos escaló a USD222.000 millones a marzo de 2026, alcanzando al 46,2% de la deuda bruta total. Esa dinámica refleja tanto la apreciación cambiaria sobre el stock en pesos como la acumulación de vencimientos de corto plazo. El Tesoro viene administrando el rollover con un menú amplio de instrumentos -Lecaps, bonos CER, títulos a tasa TAMAR y dollar-linked- con el objetivo declarado de alargar la duration y descomprimir los vencimientos de 2026 y 2027. Sin embargo, el primer y segundo trimestre de 2026 concentran los mayores compromisos en pesos de toda la gestión.

Esa presión ya tuvo manifestaciones concretas durante las elecciones de medio término, cuando el Gobierno debió convalidar tasas reales elevadas -en un contexto de inflación descendente- para sostener la demanda de instrumentos en pesos y evitar una migración hacia el mercado cambiario. La gestión de esos vencimientos en un año electoral como 2027 constituye uno de los principales riesgos del frente financiero doméstico.

El cronograma externo: la restricción estructural

El frente en moneda extranjera es, sin embargo, el que concentra la mayor presión sobre las finanzas públicas. En lo que resta de 2026, Argentina enfrenta vencimientos en moneda extranjera, sumando los compromisos del Tesoro y del BCRA, por casi USD11.500 millones: el pago de Bonares y Globales del 9 de julio -aproximadamente USD4.300 millones, en línea con el vencimiento de enero ya abonado- más compromisos con el FMI por más de USD3.600 millones.

La perspectiva de mediano plazo es aún más exigente. Para el período 2026-2031, el perfil de vencimientos suma cerca de USD118.000 millones entre capital e intereses, con un promedio de USD20.000 millones anuales. La cuenta corriente, históricamente el indicador de la capacidad de generación de divisas genuinas, no alcanza para cubrir ese cronograma: en los mejores años de superávit externo -el período 2003-2010- el saldo promedió USD11.000 millones anuales. Para 2026, Morgan Stanley proyecta un superávit de cuenta corriente del 0,7% del PIB, impulsado por el sector energético y commodities, lo que representa una mejora pero resulta insuficiente frente a las obligaciones vigentes.

Sin acceso a los mercados internacionales a tasas razonables -con el nivel actual de riesgo país, una colocación soberana requeriría rendimientos superiores al 9% anual en dólares-, el cronograma solo puede sostenerse mediante financiamiento multilateral o una eventual renegociación de pasivos.

El rol de los organismos multilaterales

En las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial celebradas en Washington a mediados de abril de 2026, se confirmaron las líneas centrales del esquema de financiamiento oficial. El Banco Mundial avanza en una garantía de hasta USD2.000 millones -sujeta a aprobación de su Directorio Ejecutivo- que no implicaría nueva deuda directa sino respaldo institucional para que Argentina acceda a financiamiento privado a tasas de entre 5,5% y 6,5% a seis años. El BID aportaría otros USD550 millones bajo un mecanismo similar. El FMI, por su parte, aprobó la segunda revisión del acuerdo vigente y habilitó un desembolso de USD1.000 millones. El esquema multilateral totaliza unos USD3.550 millones en garantías y desembolsos directos.

El plan oficial para cubrir los vencimientos de julio de 2026 y enero y julio de 2027 -que en conjunto rondan los USD9.000 millones- combina esas garantías con licitaciones locales de Bonares en dólares (AO27 y AO28) con un cupo ampliado a USD900 millones por subasta, e ingresos extraordinarios por privatizaciones previstas en la segunda mitad del año. El total proyectado alcanzaría los USD10.000 millones.

No obstante, el esquema presenta riesgos concretos: la garantía del Banco Mundial no está aún aprobada formalmente, la meta de acumulación de reservas para 2025 fue incumplida y requirió un waiver del FMI, y cada revisión trimestral del programa introduce nuevas instancias de negociación. Para que Argentina pueda emitir deuda en el mercado voluntario a tasas del 8% anual, el riesgo país debería converger a los 370 puntos básicos, nivel que aún luce distante con las elecciones presidenciales de 2027 como telón de fondo.

El perfil de vencimientos de Argentina no es un problema coyuntural. Con obligaciones externas que promedian USD20.000 millones anuales hasta 2031 y una cuenta corriente estructuralmente insuficiente para cubrirlas, la dependencia del financiamiento multilateral no es una opción transitoria sino una condición de funcionamiento del esquema actual. Esa dependencia tiene implicancias directas sobre los márgenes de decisión en materia de política económica, fiscal y social: la condicionalidad asociada a los acuerdos con el FMI, el Banco Mundial y el BID no se limita a metas cuantitativas, sino que incide sobre la política de ingresos, el gasto público y la capacidad de planificación de mediano plazo.