Dos policías que defendieron el Capitolio durante el asalto del 6 de enero de 2021 demandaron a la administración de Donald Trump para bloquear el fondo de USD 1.800 millones creado por el Departamento de Justicia como parte del acuerdo que el presidente cerró con el Gobierno de EEUU. En la presentación judicial, lo describieron como una "caja financiada por los contribuyentes para financiar a insurrectos y grupos paramilitares" que, según ellos, actuaron con violencia en nombre de Trump.

La demanda fue presentada por Harry Dunn, exagente de la Policía del Capitolio, y Daniel Hodges, oficial del Departamento de Policía Metropolitana de Washington. Ambos sostienen que el fondo es ilegal y que el acuerdo que le dio origen constituye una "farsa corrupta".

El planteo abrió un nuevo frente judicial sobre el pacto entre Trump y el Gobierno que él mismo encabeza. Ese acuerdo ya había quedado bajo escrutinio porque, además de crear el fondo contra la supuesta "instrumentalización" estatal, incorporó -como publicó este medio- una cláusula firmada solo por Blanche por la cual el Gobierno de EEUU quedó "para siempre impedido y excluido" de presentar ciertos reclamos fiscales contra Trump, su familia y sus empresas por declaraciones ya presentadas.

Un fondo nacido del acuerdo con Trump

Trump, sus dos hijos mayores y la Organización Trump habían presentado una demanda por USD 10.000 millones contra el IRS por la filtración de sus declaraciones impositivas. Luego aceptaron retirar esa acción "a cambio" de la creación del fondo, destinado a personas que consideren haber sido perjudicadas por el Gobierno.

El fiscal general interino Todd Blanche dijo el martes que cualquiera podría postularse para recibir dinero, pero rechazó que los atacantes del 6 de enero vayan a cobrar de manera automática. "¿Significa que van a recibir dinero? No", dijo Blanche. "Solo significa que se les permite postularse".

El esquema prevé cinco comisionados elegidos por Blanche para distribuir los fondos. Esos nombres todavía no fueron anunciados. Tampoco quedó claro cómo definirá el Departamento de Justicia el reparto del dinero: a diferencia de una demanda civil tramitada en una corte abierta, el proceso quedará en gran parte fuera del escrutinio público.

La acusación de los agentes

Dunn y Hodges sostienen que el fondo puede alentar nuevos episodios de violencia y aumentar las amenazas en su contra. Ambos dijeron haber sufrido acoso por parte de atacantes del 6 de enero y haber recibido amenazas de muerte después de hablar públicamente sobre sus heridas y sobre la violencia de aquel día.

En la demanda, advirtieron que el dinero podría "financiar directamente las operaciones violentas de alborotadores, paramilitares y sus simpatizantes" que amenazaron sus vidas.

El escrito cita comentarios de Trump, Blanche, el vicepresidente JD Vance y el funcionario de la administración Trump Ed Martin para sostener que el propósito del fondo es "obvio": "proporcionar a los alborotadores del 6 de enero, incluidos los Proud Boys, la remuneración que ellos, el presidente y los aliados del presidente coinciden en que se les debe".

Del asalto al Capitolio a los perdones presidenciales

El ataque al Capitolio ocurrió el 6 de enero de 2021, cuando el Congreso de EEUU se reunía para certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden sobre Trump. La sesión, que debía formalizar el traspaso de poder, quedó interrumpida por la irrupción de miles de seguidores del entonces presidente, que intentaron frenar el procedimiento legislativo.

Más de 140 policías resultaron heridos durante los incidentes. Alrededor de 1.500 personas fueron acusadas por los hechos. En su primer día de regreso a la Casa Blanca, Trump indultó a la mayoría y anuló castigos para algunos otros condenados o procesados.

Para Dunn y Hodges, el fondo confirma que quienes ejercieron violencia en nombre de Trump no solo evitaron castigos, sino que además pueden terminar recompensados con dinero público. Esa es la hipótesis central de la demanda: el acuerdo no repara un abuso estatal, sino que crea una vía de financiamiento para quienes atacaron el Capitolio o para grupos alineados con ellos.

Una caja con cinco comisionados

Brendan Ballou, exfiscal federal que trabajó en causas vinculadas con el 6 de enero, presentó la demanda en nombre de los dos agentes. En un comunicado, afirmó que, si el fondo sigue adelante, "financiará a insurrectos, milicias y paramilitares que son leales al presidente, pero no rinden cuentas ante el Estado de derecho".

"Para proteger su seguridad y nuestra democracia, nuestros clientes demandan para impedir que eso ocurra", sostuvo Ballou.

El nuevo planteo judicial coloca al fondo de USD 1.800 millones en el centro de la disputa. El dinero nació como parte de un acuerdo para cerrar una demanda de Trump contra el IRS por la filtración de sus impuestos. Ahora, dos de los policías que resistieron el ataque al Capitolio piden que la Justicia lo frene antes de que los cinco comisionados elegidos por Blanche empiecen a repartirlo.