El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó este lunes una nueva batería de medidas de prueba en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, con el foco puesto en la compra de dos propiedades y en una serie de viajes al exterior que buscan reconstruir con mayor precisión.

La causa se encuentra delegada en la fiscalía por decisión del juez federal Ariel Lijo, y en las últimas horas se avanzó con pedidos de información financiera que también alcanzan a la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

Viajes al exterior: piden itinerarios completos y medios de pago

Uno de los ejes principales de la investigación apunta a los movimientos migratorios de Adorni y su entorno familiar. La Dirección Nacional de Migraciones ya entregó un listado con entre 15 y 19 viajes, pero desde la fiscalía señalaron que el informe "no tiene toda la información necesaria", ya que faltarían destinos finales y detalles de algunos tramos.

Por ese motivo, Pollicita solicitó ampliar los datos de los cruces migratorios para reconstruir "con mayor precisión los itinerarios y modalidades de traslado".

Además, se enviaron requerimientos a ANAC, EANA, Aeropuertos Argentina y otros explotadores aeroportuarios para obtener información operativa de los viajes, como planes de vuelo, rutas, escalas, horarios y aeronaves utilizadas.

La fiscalía también libró oficios a diversas compañías aéreas para determinar quién contrató y pagó los pasajes, con pedidos específicos sobre reservas, tickets, check-in, equipaje, facturación y medios de pago.

La pregunta central: si el patrimonio condice con los ingresos

En el expediente, la fiscalía plantea una hipótesis clave: si Adorni, con los ingresos declarados ante la Oficina Anticorrupción, podía solventar el nivel de gastos que implican tanto los inmuebles adquiridos como los viajes al exterior.

La investigación sobre los traslados se profundizó tras conocerse el viaje a Punta del Este en un vuelo privado, en el que viajó con su familia y con el periodista de la TV Pública Marcelo Grandío, amigo del funcionario.

Las propiedades: nuevos pedidos sobre el departamento y la casa

Pollicita también ordenó nuevas medidas sobre las dos propiedades bajo análisis: el departamento de Caballito (calle Miró al 500) y una casa en el Country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz.

La escribana Adriana Mónica Nechevenko, titular del Registro Notarial N° 1580, que intervino en ambas operaciones, deberá declarar este miércoles como testigo en la fiscalía.

A su vez, se solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble de CABA el historial completo de dominio del departamento, con datos sobre titulares, transferencias, escrituras e hipotecas.

El caso generó sospechas luego de que se conociera que la compra del inmueble se concretó con un crédito hipotecario de USD 200.000, otorgado por dos mujeres: Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64), quienes habrían financiado el 87% del valor del departamento.

Según trascendió, ambas aseguraron no conocer al jefe de Gabinete.

Citación al exfutbolista Hugo Morales

En este contexto, la fiscalía citó como testigo al exfutbolista Hugo Morales, quien habría intervenido en la operación previa del departamento.

Morales habría sido el propietario anterior del inmueble, que vendió por USD 200.000 en abril de 2025 a las jubiladas, antes de que se concretara la compraventa con Adorni por USD 230.000. La declaración se realizará vía Zoom.

Piden datos a consorcios, AGIP y preparan una tasación

Para profundizar la trazabilidad económica, Pollicita solicitó a los consorcios de las propiedades información sobre expensas, pagos, cuentas intervinientes y eventuales obras o mejoras.

También se requirieron boletas de ABL y otros gravámenes vinculados a los inmuebles, además de informes al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense por la casa del country.

Como próximo paso, la fiscalía prevé ordenar una tasación oficial para determinar si los valores declarados en las escrituras coinciden con los precios reales de mercado.

Declaraciones juradas y sospechas por activos omitidos

La investigación incluye además la incorporación de las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Adorni.

La denuncia original, impulsada por la diputada Marcela Pagano, apuntó a presuntas inconsistencias entre la declaración inicial y la anual, con una supuesta omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por más de $16 millones.

Mientras se acumulan nuevas pruebas, Adorni ya contrató al abogado penalista Matías Ledesma para asumir su defensa en las causas abiertas en Comodoro Py.

La fiscalía busca determinar ahora si los movimientos patrimoniales del funcionario se corresponden con sus ingresos y si hubo terceros que afrontaron gastos de viajes u operaciones vinculadas a su estilo de vida.