El Poder Ejecutivo promulgó la ley con la que el Congreso aprobó los acuerdos de conciliación con dos fondos acreedores, con lo que se cerró una de las demandas contra el Estado nacional entabladas a partir de la cesación de pagos de fines del 2001.

Mediante el decreto 564/2026 se dispuso la promulgación de la ley 27.818, por la que se aprobaron los acuerdos de conciliación con Bainbridge Ltd y un grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, respectivamente por USD 67 millones y USD 104 millones.

Una semana después de su sanción

El proyecto había sido remitido al Congreso el 20 de abril y la ley fue sancionada el Diputados el 24 de junio.

La iniciativa recibió 139 votos afirmativos y 97 negativos, y completó así su trámite legislativo luego de haber obtenido media sanción en el Senado con 40 votos a favor y 22 en contra.

Como dato adicional, se trata del primer acto administrativo que lleva la firma del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a las del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Cierre de demandas

En el Gobierno destacaron que el acuerdo representa una quita de cerca del 35% y, además, el cierre de dos de las demandas por el default llevadas a cabo por diferentes acreedores que no adhirieron a las restructuraciones de deuda posteriores al default.

Asimismo, señalaron que la aprobación de los acuerdos de conciliación pone fin a los procesos de "Discovery" (descubrimiento), que habían sido llevados a cabo por los dos fondos, "incluyendo la solicitud de descubrimiento de las finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de Argentina, que ya no tendrá que responder a las solicitudes".

Si bien el monto en cuestión no revista relevancia, la importancia de los acuerdos pasa por la reducción de riesgos legales que podían derivar en nuevas medidas cautelares o acciones de embargo sobre activos argentinos en el exterior.

Por tal razón, se estima que la promulgación de la ley aportará un nuevo elemento para que continúe la reducción del riesgo país.